V. OTROS ANUNCIOS

GENERALITAT VALENCIANA

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Ramón Escrig Moreno, presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia.

Manifiesta que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, hace saber a “Forwarding Trading Commodities, Sociedad Limitada”, que se ha dictado laudo en el expediente referenciado, y no siendo posible su notificación por desconocido, ignorado paradero o ausencia, se hace a través de la presente publicación, a los efectos legales oportunos. El contenido íntegro del laudo es el que se reseña seguidamente:

«Tribunal:

Presidente: don Ramón Escrig Moreno.

Vocales: doña Anna Caballero Costa, don Carlos Virosque Verdú, que excusa su asistencia.

Secretaria-vocal: doña Amparo Peris Catalá.

Partes:

Reclamante: “Contenedores y Transportes Férricos, Sociedad Limitada”, representada por don Juan Carlos Fernández Miralles.

Reclamado: “Forwarding Trading Commodities, Sociedad Limitada”, que no comparece al acto de vista estando citado a través del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Valencia, a 18 de julio de 2011 y siendo las diecisiete y cinco horas, se constituye la Junta Arbitral de Transportes por los miembros expresados anteriormente y con la asistencia de las partes para resolver el expediente V-491/2010, procediéndose a la celebración de la vista oral respecto de la siguiente reclamación: impago de portes. Incomparecencia del demandado. Citación a través del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Iniciada la vista oral por el presidente se procede a comprobar la identidad de la parte compareciente y la calidad con que interviene.

Se da cuenta de que ante la imposibilidad de citación y notificación a vista a la demandada, tras los reiterados intentos realizados a través del Servicio de Correos, se ha procedido a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (por ser el último domicilio conocido) número 155, de 2 de julio de 2011.

Concedida la palabra a la reclamante deja basada su reclamación en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Ratificándose en todos los motivos de su demanda, manifiesta que, como consecuencia de las relaciones comerciales existentes entre las partes, la reclamante realizó, por cuenta de la reclamada, diversos transportes que quedan especificados en el texto de las facturas adjuntas a la demanda y acreditados con sus correspondientes albaranes de entrega. Concluidos los mismos se presentaron al cobro las facturas número A43, de 15 de enero de 2010, por importe de 1.343,28 euros, y la número A71, de fecha 22 de enero de 2010, por importe de 895,52 euros.

2. Tras diversas y reiteradas gestiones de cobro sin conseguirlo es por lo que se interpone la presente demanda, solicitando que, una vez que sea reconocido su derecho, se condene a la reclamada al pago de la cantidad de 2.238,80 euros. Son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. La competencia territorial de la Junta, de la que nada se alega, viene determinada en los artículos 6 y 7.2 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (Real Decreto 1211/1990).

2. La sumisión viene determinada de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, conforme a la redacción dada al mismo por el artículo 162 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres: “Se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 6.000 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado”. No consta en el expediente que se haya hecho ninguna manifestación en el sentido preceptuado.

3. Dada la ausencia del vocal representante de empresas cargadoras que excusó su asistencia, el presente laudo se dicta de conformidad con la previsión contenida en el apartado 7 del artículo 9 del ya mencionado Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, que aprobó el Reglamento de Desarrollo de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que literalmente dispone que “la inasistencia de cualquiera de los miembros de la Junta, con excepción del presidente, no impedirá que se dicte el laudo”.

4. De las manifestaciones realizadas en vista se deduce que, efectivamente, los portes que son reclamados en esta demanda y cuyas facturas constan adjuntas a la misma fueron realizados, lo que determina el derecho a su cobro por parte de la reclamante.

Por todo ello, valoradas las declaraciones manifestadas en la vista y demás documentos que constan en el expediente, tras las oportunas consideraciones, la Junta, por unanimidad de sus miembros, dicta el siguiente laudo:

Estimar la demanda interpuesta por “Contenedores y Transportes Férricos, Sociedad Limitada”, representada por don Juan Carlos Fernández Miralles contra “Forwarding Trading Commodities, Sociedad Limitada”, ya que de los hechos relatados, documentos probatorios y declaraciones efectuadas se establece, que habiéndose realizado los transportes reclamados dentro de las condiciones contractuales convenidas ha de ser abonado su importe.

Por todo ello, “Forwarding Trading Commodities, Sociedad Limitada”, deberá abonar a “Contenedores y Transportes Férricos, Sociedad Limitada”, la cantidad de 2.238,80 euros.

Transcurridos veinte días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa ante el Juzgado de primera instancia de Valencia conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y 548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el plazo de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley de Arbitraje.

Con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la notificación del laudo, podrá solicitarse a esta Junta Arbitral su corrección, aclaración, complemento o rectificación, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje”.

Dichos plazos de recursos contenidos en el laudo transcrito serán computables a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Valencia, a 19 de julio de 2011.—El presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia, Ramón Escrig Moreno.—El subsecretario de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Gaspar Peral Ribelles.

(02/7.202/11)