I. COMUNIDAD DE MADRID

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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Intentada sin efecto la notificación de la Orden 1528/2010, de 21 de mayo, de la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por don Eduardo Lorenzo Navarro, en nombre y representación de “Áreas de Construcción y Promoción Level, Sociedad Limitada”, en el que don Ángel Calleja Illana aparece como interesado, procede su publicación a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Visto el recurso de alzada interpuesto por don Eduardo Lorenzo Navarro, en nombre y representación de “Áreas de Construcción y Promoción Level, Sociedad Limitada”, contra la Resolución de 7 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, dictada en el expediente sancionador VPM 13/98, se constatan los siguientes

HECHOS

Primero

Como consecuencia de la denuncia formulada por la comunidad de propietarios de las fincas sitas en calle Hurthumpascual, números 5 y 7, de Madrid, acogida al régimen legal de Viviendas de Protección Oficial, por deficiencias en las mismas, se inició expediente sancionador VPM 13/98, en el que, tras los trámites oportunos, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda dictó, con fecha 29 de enero de 2001, Resolución por la que se acuerda:

— Imponer a “Constructora Level, Sociedad Anónima”, una multa de 3.000 euros, como autor de la infracción muy grave prevista en el artículo 153.c). 6 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial y sancionada en el artículo 57 del Real Decreto 3148/1998, de 10 de noviembre.

— Imponer a doña María Dolores Ruiz Salinas Mirat, don Javier de la Serna García, don Juan Castelví Zarco y don Julio Gómez Risueño una multa de 3.000 euros, como autores de la infracción muy grave definida en el artículo 153.c).6 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial y sancionada en el artículo 57 del Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre.

— Imponer a “Constructora Level, Sociedad Anónima”, doña María Dolores Ruiz Salinas Mirat, don Javier de la Serna García, don Juan Castelví Zarco y don Julio Gómez Risueño, la obligación solidaria de reparar las deficiencias existentes en la calle Hurthumpascual, números 5 y 7, consistentes en fisuras en el ladrillo visto de fachada, grietas en tabiques de partición interior de viviendas y fisuras en tabiquería, concediéndoles para ello un plazo de treinta días.

— Imponer a “Constructora Level, Sociedad Anónima”, la obligación de realizar, en el plazo de treinta días, las obras necesarias para subsanar el resto de las deficiencias detectadas en las viviendas sitas en la calle Hurthumpascual, números 5 y 7.

Segundo

Con fecha 7 de noviembre de 2008, la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación dictó Resolución, por la que se impone a “Áreas de Construcción y Promoción Level, Sociedad Limitada”, antes “Constructora Level, Sociedad Anónima”, una tercera multa coercitiva, por importe de 1.300 euros, al no haberse ejecutado lo ordenado en la Resolución de 29 de enero de 2001.

Tercero

Contra dicha Resolución, don Eduardo Lorenzo Navarro, en nombre y representación de “Áreas de Construcción y Promoción Level, Sociedad Limitada”, ha interpuesto recurso de alzada en el que alega, en síntesis, la improcedencia de la multa impuesta e inexistencia de un procedimiento que le sirva de base.

Cuarto

Consta en el expediente que la Dirección General de Arquitectura y Vivienda ha emitido informe al que se refiere el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, proponiendo la desestimación del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La competencia para resolver el recurso de alzada interpuesto corresponde a esta Consejería de Vivienda, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 41.g) y 57 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.

Segundo

En cuanto a las cuestiones de fondo, el recurrente alega, en síntesis, que es improcedente la multa impuesta, al haberse subsanado los desperfectos en su inmensa mayoría.

No obstante, en contra de lo alegado, constan en el expediente informes de los servicios técnicos, de fechas 23 de noviembre de 2006 y 18 de octubre de 2007, en los que figuran que los agrietamientos en la fachada continúan sin repararse, fundamentalmente los situados en los retranqueos de fachada que coinciden con cajas de armarios empotrados de dormitorio. De igual modo, continúa habiendo desperfectos en varias de las viviendas, por lo que las obras requeridas en el expediente de referencia no se han realizado.

Tercero

Por lo que respecta a la alegada inexistencia de un procedimiento que le sirva de base hay que poner de manifiesto que la multa coercitiva impuesta tiene su origen en el incumplimiento de la obligación de reparar acordada en la Resolución de fecha 29 de enero de 2001, resultado del procedimiento sancionador VPM 13/98.

De acuerdo con lo recogido en el artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la multa coercitiva es uno de los medios de que dispone la Administración para proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos cuya ejecución no esté suspendida.

El Tribunal Constitucional configuró la multa coercitiva, Sentencia 239/1988, de 14 de diciembre, entre otras, como una medida de constreñimiento económico, adoptada previo el oportuno apercibimiento, tendente a obtener la acomodación del comportamiento del destinatario del acto a lo dispuesto en la decisión administrativa previa.

En tal sentido, no tiene en ningún caso carácter sancionador, sino que aspiran a doblegar o vencer la resistencia de los administrados a observar la conducta impuesta en un previo acto administrativo.

Así, la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 15 de octubre de 1994, establece que la reparación del daño causado, como responsabilidad civil derivada de la infracción administrativa, es una consecuencia de la infracción, que por razón de los fines sociales de la legislación de viviendas y de mera economía procesal, el legislador ha previsto que se acuerde y determine por la Administración en el propio expediente sancionador.

En consecuencia, procede desestimar el recurso de alzada interpuesto y confirmar la resolución impugnada por ser ajustada a Derecho.

En su virtud, de acuerdo con el informe de la Dirección General competente en materia de vivienda que propone la desestimación del recurso de alzada interpuesto y a propuesta de la Secretaría General Técnica,

DISPONGO

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Eduardo Lorenzo Navarro, en nombre y representación de “Áreas de Construcción y Promoción Level, Sociedad Limitada”, contra la Resolución de 7 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, dictada en el expediente sancionador VPM 13/98, y confirmar la misma en todos sus términos.

Lo que se le notifica, significándole que la Orden transcrita agota la vía administrativa y que contra la misma procederá, en su caso, recurso contencioso-administrativo, a interponer en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, o bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo del domicilio del demandante, a elección de este último. Todo ello de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos.

Madrid, a 16 de junio de 2010.—El Secretario General Técnico, Alfonso Moreno Gómez.

(03/27.532/10)