IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE MADRID NÚMERO 9

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña María del Carmen Martín García, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo social número 9 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 290 de 2016 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de doña María Cristina Pérez Fernández, frente a “Macosa Mantenimiento, Sociedad Anónima”, y “Sermaco Servicios Programados, Sociedad Limitada”, sobre despidos/ceses en general, se ha dictado la siguiente resolución:

Sentencia número 272 de 2016

En Madrid, a 30 de septiembre de 2016.—Don José María Reyero Sahelices, magistrado-juez del Juzgado de lo social número 9 de Madrid, tras haber visto los presentes autos número 290 de 2016, sobre despidos/ceses en general, entre partes: de una, y como demandante, doña María Cristina Pérez Fernández, que comparece asistida del letrado don Vicente Martínez López, y de otra, como demandadas, “Sermaco Servicios Programados, Sociedad Limitada”, y Macosa Mantenimiento, Sociedad Anónima”, que no comparecen, y Fondo de Garantía Salarial, que comparece representado en la persona de don Jesús María Sánchez Álvarez, en nombre del Rey ha dictado la siguiente sentencia:

Fallo

Que acogiendo la excepción de caducidad de la acción de despido formulada por el Fondo de Garantía Salarial, debo desestimar y desestimo la demanda de despido formulada por doña María Cristina Pérez Fernández, frente a “Sermaco Servicios Programados, Sociedad Limitada”, “Macosa Mantenimiento, Sociedad Anónima”, y Fondo de Garantía Salarial.

Que estimando en parte la acción acumulada de reclamación de cantidad, debo condenar y condeno de forma solidaria a las codemandadas “Sermaco Servicios Programados, Sociedad Limitada”, y “Macosa Mantenimiento, Sociedad Anónima”, a abonar a la actora la cantidad de 8.156,68 euros, con más el 10 por 100, sin perjuicio de la responsabilidad legal subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial por la cantidad de 2.849,32 euros, con más el 10 por 100 sobre esta cantidad, declarando prescrito para dicho organismo el resto de la cantidad reclamada.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o causahabiente suyo, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300 euros en la “Cuenta de consignaciones y depósitos” de este órgano judicial con el número IBAN ES55/ 0049/3569/ 92/0005001274, abierta en la entidad bancaria “Banco Santander”, sita en la calle Princesa, número 2, de Madrid, debiendo hacer referencia en el “Concepto” al número de la “Cuenta de consignaciones” de este Juzgado con el número 2507/0000/00/0290/16, con referencia de la entidad remitente y la persona titular de la cuenta bancaria, acreditándolo mediante la presentación del justificante de ingreso en el período comprendido hasta la formalización del recurso, así como en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad consignar en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” la cantidad objeto de condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso al momento de anunciarlo.

De conformidad con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre; Instrucción 5/2012, de 21 de noviembre, así como orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre (“Boletín Oficial del Estado” del día 15), la parte o partes que deseen recurrir deberán presentar el modelo 696 de autoliquidación con el ingreso debidamente validado, teniendo en cuenta que el artículo 4.3 de la Ley 10/2012 establece: “En el orden social, los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60 por 100 en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de suplicación”, exención que incluye a los que posean el beneficio del sistema de la Seguridad Social, a las personas con discapacidad en impugnación del grado reconocido, a las organizaciones sindicales que actúen en defensa de los intereses de los trabajadores, a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y a los organismos asimilados de la Comunidad Autónoma. Con excepción de la reclamación de derechos fundamentales.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte a las destinatarias de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Sermaco Servicios Programados, Sociedad Limitada” y “Macosa Mantenimiento, Sociedad Anónima”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 4 de octubre de 2016.—La letrada de la Administración de Justicia (firmado).

(03/36.540/16)