I. COMUNIDAD DE MADRID

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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Intentada sin efecto la notificación de la Orden 1049/2013, de 5 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por don Manuel García Martín, como propietario de la “Tintorería Cindy”, contra la Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, de 23 de octubre de 2003; procede su publicación a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

«Visto el expediente relativo al recurso de alzada interpuesto por don Manuel García Martín, como propietario de la “Tintorería Cindy”, contra la Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, de 23 de octubre de 2003, se constatan los siguientes

HECHOS

Primero

Con fecha 23 de octubre de 2003, se dicta Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que, con base en el Acta de Inspección formulada por la Guardia Civil el día 16 de septiembre de 2002, se sanciona a don Manuel García Martín, como propietario de la “Tintorería Cindy”, con una multa de 600 euros, por no aportar a la Administración la documentación obligatoria en materia de residuos peligrosos, en el desarrollo de su actividad en las instalaciones de la calle Comandante Zorita, número 46, de Madrid.

Los hechos citados constituyen infracción administrativa leve prevista en el artículo 34.4.c) en relación con el artículo 34.3.c) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Segundo

Contra la Resolución, don Manuel García Martín, como propietario de la “Tintorería Cindy”, ha interpuesto recurso de alzada dentro del plazo legalmente establecido alegando, en síntesis, disconformidad con la Resolución impugnada.

Tercero

La Dirección General de Evaluación Ambiental ha emitido el informe a que se refiere el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, proponiendo la desestimación del recurso interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La competencia para resolver el recurso de alzada interpuesto corresponde al Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 41.g) y 53 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.

Segundo

En cuanto a las cuestiones de fondo, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Evaluación Ambiental, de 5 de abril de 2013, hay que poner de manifiesto lo siguiente:

El interesado realiza alegaciones la mayor parte de las cuales reinciden sobre cuestiones ya aducidas a lo largo de la tramitación del expediente sancionador de referencia, y que han sido debidamente contestadas en él, por lo que en acogimiento al principio de economía procesal procede remitirse a la justificación que frente a tales argumentos ofrece la Resolución ahora impugnada. Y dicha remisión a la fundamentación contenida en la Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, de 23 de octubre de 2003, no constituye un defecto de motivación, pues de conformidad con una jurisprudencia consolidada la exigencia de motivación de los actos administrativos se entiende cumplida cuando se aceptan informes, dictámenes o memorias que obran en el expediente, al considerarse que los mismos forman parte del texto de la Resolución, resultando, además, suficiente una motivación sucinta cuando cumple con la finalidad de proporcionar los elementos necesarios para desarrollar una adecuada defensa frente a dicho acto (STS de 21 de septiembre de 1998).

En cuanto al resto de cuestiones de fondo no alegadas explícitamente durante el procedimiento sancionador, conviene poner de relieve que, una vez revisado el expediente administrativo en vía de recurso, se ha constatado la adecuación a Derecho de la Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, de 23 de octubre de 2003, en virtud de la cual se impone al recurrente una multa económica como consecuencia de no aportar a la Administración la documentación obligatoria en materia de residuos peligrosos, en el desarrollo de su actividad en las instalaciones de la calle Comandante Zorita, número 46, de Madrid, hechos constitutivos de infracciones a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, pues no solo constan en el expediente sancionador evidencias suficientes que acreditan la realidad de la actuación imputada a don Manuel García Martín, como propietario de la “Tintorería Cindy”, fundamentalmente a través del Acta de Inspección formulada por la Guardia Civil el día 16 de septiembre de 2002, sino que el sancionado no ha presentado a lo largo de la instrucción del expediente de referencia documento o prueba capaz de desvirtuar los fundamentos que sirvieron de base a la imposición de la sanción que se impugna, ni, por ende, de constituir una causa válida de exculpación de la responsabilidad atribuida al interesado.

En su virtud, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Evaluación Ambiental en el que se propone la desestimación del recurso,

DISPONGO

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Manuel García Martín, como propietario de la “Tintorería Cindy”, contra la Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, de 23 de octubre de 2003, por infracción administrativa a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y, en consecuencia, confirmar en todos sus términos la Resolución recurrida por ser conforme a Derecho».

Lo que se le notifica, significándole que la Orden transcrita agota la vía administrativa y que contra la misma procederá, en su caso, recurso contencioso-administrativo a interponer en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, o bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo del domicilio del demandante, a elección de este último. Todo ello, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos.

Al poner la presente Orden fin a la vía administrativa, de conformidad con el artículo 109.a) de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la resolución del expediente sancionador es ejecutiva a tenor de lo dispuesto en el artículo 138.3 del mismo texto legal y en el artículo 14.7 del Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid. Por este motivo se le notifica e informa de los siguientes extremos:

Primero

De conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el importe de la multa se hará efectivo por ingreso directo, en la cuenta número 2038 1826 14 6400010335 de “Bankia”, haciendo referencia al número de expediente y persona sancionada, en los períodos voluntarios que se detallan a continuación:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se podrá solicitar un aplazamiento o fraccionamiento de la cantidad impuesta como sanción en los plazos anteriormente señalados.

Segundo

Se le apercibe de que, de no abonarla dentro de dicho período voluntario y de no concurrir ninguna de las circunstancias establecidas en el Reglamento General de Recaudación, se procederá a su exacción por vía de apremio, sin más trámite, con el 20 por 100 de recargo, de conformidad con lo establecido en los artículos 70 y siguientes del citado Reglamento General de Recaudación.

El justificante o resguardo acreditativo del ingreso deberá remitirlo en el plazo de diez días al Área de Disciplina Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (calle Alcalá, número 16, tercera planta), para su anotación y constancia en el expediente, el cual no se estimará concluso sin el cumplimiento de este requisito.

Tercero

De la notificación de esta obligación contraída con la Comunidad de Madrid, se pasa comunicación a la Consejería de Economía y Hacienda, a los efectos establecidos en el Reglamento General de Recaudación.

Madrid, a 15 de julio de 2013.—La Secretaria General Técnica, PDF (Resolución de 25 de octubre de 2012), el Subdirector General de Régimen Jurídico, Manuel Guisado Fuentes.

(03/24.618/13)