IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE MADRID NÚMERO 26

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo social número 26 de Madrid. Secretario judicial don Fernando Alonso de Lera.

Asunto en que se acuerda: juicio número 180 de 2012, promovido por don José María Castillo García y don Tomás del Río de Bien, sobre materias laborales individuales.

Empresa a la que hay que notificar: “Pycsa Infraestructuras, Sociedad Limitada”, en concepto de parte demandada en dicho juicio.

Objeto de la notificación: notificar la sentencia de fecha 15 de febrero de 2013 a la mercantil que se encuentra en paradero desconocido.

Sentencia número 51 de 2013

En Madrid, a 15 de febrero de 2013.—Vistos por la ilustrísima magistrada-juez del Juzgado de lo social número 26 de Madrid, doña María Henar Merino Senovilla, los presentes autos número 180 de 2012, seguidos a instancias de don José María Castillo García y don Tomás del Río de Bien, contra “Pycsa Infraestructuras, Sociedad Limitada”, sobre materias laborales individuales, en nombre del Rey ha dictado la siguiente sentencia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por don Tomás del Río de Bien y don José María del Castillo García, frente a la empresa “Pycsa Infraestructuras, Sociedad Limitada”, debo condenar y condeno a la demandada a abonar a los demandantes las siguientes cantidades por los períodos y los conceptos reconocidos; así, a don Tomás del Río la cantidad de 6.090,92 euros y a don José María del Castillo la cantidad de 3.881,66 euros, más el 10 por 100 de intereses por mora establecido legalmente, y, asimismo, se condena a la demandada a estar y pasar por la presente resolución con todas las consecuencias legales inherentes a la misma.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia puede interponerse recurso de suplicación, ante la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anunciándolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación y designando letrado o graduado social colegiado para su tramitación. Se advierte al recurrente que no fuese trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que deberá acreditar al tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta número 2524/0000/60/0180/12 de “Banesto”, aportando el resguardo acreditativo. Si el recurrente fuese entidad gestora y hubiere sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. Si el recurrente fuere una empresa o mutua patronal que hubiere sido condenada al pago de una pensión de Seguridad Social de carácter periódico deberá ingresar el importe del capital-coste en la Tesorería General de la Seguridad Social previa determinación por esta de su importe una vez le sea comunicada por el Juzgado.

Hágase saber a las partes que en el supuesto de que se formalice recurso de supli- cación contra la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, la recurrente deberá acompañar, junto con el escrito de formalización, justificante de la autoliquidación del pago de la correspondiente tasa, siendo la cuantía de la misma la que resulte de aplicar el artículo 7 de la mencionada Ley, con las exenciones que en el mismo texto legal se recogen en su artículo 4, con el apercibimiento, en caso de no acompañarse, de aplicar el plazo establecido en la legislación procesal, es decir, precluido el acto de formalización del recurso de suplicación, la continuación o finalización del procedimiento, según proceda.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.—La magistrada-juez de lo social, María Henar Merino Senovilla.

En Madrid, a 20 de febrero de 2013.—El secretario judicial (firmado).

(03/6.660/13)