IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE VALLADOLID NÚMERO 4

EDICTO

Doña María Yolanda Martín Llorente, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 4 de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento de ordinario número 595 de 2011 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de doña Rosa María Casero López, contra la empresa “Zapatos Grupo IGH, Sociedad Limitada”, sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es la siguiente.

Sentencia

En Valladolid, a 8 de octubre de 2012.—Vistos por don Antonio Merino Palazuelo, magistrado-juez del Juzgado de lo social número 4 de Valladolid, los presentes autos número 595 de 2011, sobre reclamación de cantidad, seguidos a instancias de doña Rosa María Casero López, representada y asistida por el letrado don Eduardo Ortega Gómez, frente a “Zapatos Grupo IGH, Sociedad Limitada”, que no comparece, y Fondo de Garantía Salarial, que tampoco comparece.

Fallo

Que estimando en parte la demanda interpuesta por doña Rosa María Casero López, frente a “Zapatos Grupo IGH, Sociedad Limitada”, y Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la indicada empresa demandada a que abone a la actora la suma de 5.230,99 euros, más la cantidad de 514,10 euros en concepto de intereses del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de las responsabilidades que, en su caso, puedan corresponder al Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), recurso de suplicación, que se podrá anunciar en este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, en un plazo de cinco días a partir de la notificación, o por su mera manifestación al realizarse esta, previa consignación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta número 3935/0000/65/0595/11 de “Banesto”, oficina de la plaza San Miguel, de Valladolid, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en que conste la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar además el ingreso de 300 euros como depósito especial para interponer dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de justicia gratuita, o no se hallarse incluido en el artículo 229.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá certificación para unir a los autos de que dimana, y a la que se le dará la publicidad prevenida por la normativa en vigor, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.—Firmada y rubricada.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “Zapatos Grupo IGH, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Valladolid, a 25 de enero de 2013.—La secretaria judicial (firmado).

(03/4.285/13)