IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE MADRID NÚMERO 29

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Elena Mónica de Celada Pérez, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 29 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento número 1.451 de 2011 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don Carlos Díaz López, don Juan de Dios Díaz López y don Víctor Manuel Díaz López, frente a “Anuruamag, Sociedad Limitada”, y “D & D Proyectos y Reformas, Sociedad Limitada”, sobre procedimiento ordinario, se ha dictado la siguiente resolución (sentencia número 40 de 2013):

Fallo

Que estimando la demanda promovida por don Juan de Dios Díaz López, don Víctor Manuel Díaz López y don Carlos Díaz López, contra “Anuruamag, Sociedad Limitada”, y “D & D Proyectos y Reformas, Sociedad Limitada”, siendo citado como parte interesada el Fondo de Garantía Salarial, condeno a la empresa “Anuruamag, Sociedad Limitada”, a abonar a cada uno de los actores la suma de 1.396,72 euros, y condeno a la empresa “D & D Proyectos y Reformas, Sociedad Limitada”, con carácter solidario, a abonarles la deuda salarial limitada a la suma de 1.270,16 euros para cada uno de los demandantes, y en ambos casos, además, el 10 por 100 de interés de demora desde la fecha de presentación de la papeleta de conciliación.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia puede interponerse recurso de suplicación ante la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anunciándolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación y designando letrado para su tramitación. Se advierte al recurrente que no fuese trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita, que deberá acreditar al tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta número 2802/0000/60/1451/11 de “Banesto”, aportando el resguardo acreditativo, así como acreditar al tiempo de anunciarlo haber consignado el importe íntegro de la condena en “Banesto” o presentar aval de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento de entidad financiera por el mismo importe en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Si al recurrente no se le ha reconocido el beneficio de justicia gratuita deberá abonar para recurrir una tasa de 500 euros y, adicionalmente, el 0,5 por 100 del importe de la cuantía del procedimiento o 90 euros si la cuantía del procedimiento es indeterminada (artículo 6 de la Ley 10/2012).

Si quien recurre ostenta la condición de trabajador por cuenta ajena o autónomo tiene una exención del 60 por 100 del precio de la tasa.

Si quien recurre tiene reconocido el beneficio de justicia gratuita está exento de abono de tasas.

Al momento de formalización del recurso, el recurrente deberá aportar el justificante del pago de la tasa en el Tesoro Público conforme se dispone en el artículo 8 de la Ley 10/2012, o en su caso, que le ha sido reconocido el beneficio de justicia gratuita.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a “D & D Proyectos y Reformas, Sociedad Limitada”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 30 de enero de 2013.—La secretaria judicial (firmado).

(03/4.001/13)