IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE ALICANTE NÚMERO 1

EDICTO

Don José Agustín Rifé Fernández-Ramos, secretario del Juzgado de lo social número 1 de Alicante.

Hace saber: Que en la ejecución que se tramita ante este Juzgado, bajo el número 266 de 2012, por cantidades, instada por doña María del Carmen Galván Castelló, don Fernando Flor Ribes y doña Cristina Massó Senabre, contra “Mayotte Interprise, Sociedad Limitada”, “CBH Consultora Inmobiliaria del Mediterráneo, Sociedad Limitada”, “Navarca Concepto Urbano, Sociedad Limitada”, y “Tesalia Inmuebles, Sociedad Limitada”, se han dictado auto y decreto de fecha 31 de octubre de 2012, cuyas partes dispositivas son del siguiente tenor literal:

Su señoría ilustrísima, por ante mí, dijo: Procédase a la ejecución y se decreta, sin previo requerimiento, el embargo de bienes de la parte ejecutada “Mayotte Interprise, Sociedad Limitada”, “CBH Consultora Inmobiliaria del Mediterráneo, Sociedad Limitada”, y los administradores concursales de las mercantiles “Navarca Concepto Urbano, Sociedad Limitada”, y “Tesalia Inmuebles, Sociedad Limitada”, solidariamente, suficientes para cubrir la cantidad de 31.473,35 euros en concepto de principal, más la de 5.035,73 euros que sin perjuicio se fijan provisionalmente en concepto de intereses por demora y costas, con inclusión, si procediera, de minuta de honorarios. Sirviendo la presente resolución de mandamiento en forma para la comisión judicial que haya de practicar el embargo, así como para solicitar el auxilio de la fuerza pública, si preciso fuere, guardándose en la traba el orden y limitaciones establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Contra el presente auto no cabe recurso alguno.

Así lo acordó y firma la ilustrísima señora doña Encarnación Lorenzo Hernández, magistrada-juez del Juzgado de lo social número 1 de Alicante.—Doy fe.

Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

1. Adviértase y requiérase a las ejecutadas:

a) A que cumplan las resoluciones firmes judiciales y presten la colaboración requerida en la ejecución de lo resuelto (artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), las costas y gastos judiciales que se devenguen, a cuyo cargo se imponen.

b) A que abstengan de realizar actos de disposición sobre su patrimonio que pudieran implicar su situación de insolvencia u ocultar sus bienes para eludir el cumplimiento de sus obligaciones o el que estas fueran satisfechas por el Fondo de Garantía Salarial (artículos 257 y siguientes del Código Penal), indicándoseles que está tipificado como delito contra la libertad y seguridad en el trabajo el hacer, en caso de crisis de una empresa, ineficaces maliciosamente los derechos de los trabajadores, responsabilidad penal que se extiende, tratándose de personas jurídicas, a los administradores o encargados del servicio que hubieren cometido los hechos o que conociéndolos y pudiendo hacerlo, no hubieren adoptado las medidas para remediarlos (artículos 258 y siguientes del Código Penal).

c) Adviértase y requiérase, asimismo, a las ejecutadas o a sus administradores o representantes de tratarse de personas jurídicas o grupos de personalidades, a que en el plazo máximo de tres días hábiles a contar desde la notificación de este auto, de no haber abonado la total cantidad objeto de apremio y sin perjuicio de los recursos que pudieran interponer que no suspenderán la exigencia de esta obligación, efectúen manifestación sobre sus bienes o derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes, y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de este que puedan interesar a la ejecución (artículos 244 y 245 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social, y 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

2. El incumplimiento de lo que antecede implicarán la posibilidad de imponerles el abono de apremios pecuniarios de hasta 300 euros por cada día que se retrasen en el cumplimiento de dar o entregar las sumas de dinero objeto de apremio o en el cumplimiento de las obligaciones legales que se les imponen en la presente resolución judicial (artículo 241 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social).

3. Dígase a las empresas ejecutadas que continuaran desarrollando su actividad productiva que si el pago puntual de la cantidad objeto de apremio por las mismas o la subasta de bienes embargados afectos al proceso productivo pudieran poner en peligro la conservación de puestos de trabajo podrían instar directamente ante el Fondo de Garantía Salarial, justificando tales extremos, el anticipo de cantidades a su cargo y la subrogación de los derechos de los ejecutantes, sin que ello paralicen el proceso de ejecución, salvo que lo solicite expresamente el Fondo de Garantía Salarial (artículos 33 y 51 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y 276 y 277 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social), así como el que por los trabajadores afectados se pueda instar el aplazamiento por el tiempo imprescindible (artículo 245 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social).

4. Practíquese diligencia de embargo sobre bienes o derechos de las deudoras en cuantía suficiente para cubrir el importe de lo debido conforme lo dispuesto en los artículos 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 254 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social, depositando los bienes embargados conforme a derecho. Sirva la presente resolución de mandamiento en forma para la comisión judicial que haya de practicar el embargo, así como para solicitar el auxilio de la fuerza pública, si fuera preciso, guardándose en la traba el orden y limitaciones establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Notifíquese el presente a las partes, con la advertencia de que no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición, que con arreglo a los artículos 556 a 558 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se puedan alegar (artículo 551.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. Sin perjuicio de todo ello, procédase a la averiguación de bienes de las apremiadas de conformidad con el artículo 250 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social, mediante el acceso a las aplicaciones informáticas disponibles (“Conforme y siéndole aplicable la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación vigente en la materia, los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación adjunta son confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier medio o procedimiento, y debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia”).

6. No habiendo sido hallados, bienes a las ejecutadas “Mayotte Interprise, Sociedad Limitada”, “CBH Consultora Inmobiliaria del Mediterráneo, Sociedad Limitada”, administradores concursales de las mercantiles “Navarca Concepto Urbano, Sociedad Limitada”, y “Tesalia Inmuebles, Sociedad Limitada”, en los que hacer traba y embargo por la cantidad de 31.473,35 euros que por principal se les reclama, y habiéndose declarado judicialmente la insolvencia provisional de las citadas empresas por el Juzgado de lo social número 1 de Alicante, procédase, de conformidad con lo establecido en el artículo 274.3 del vigente texto articulado de procedimiento laboral, a dar audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial para que, en su caso, puedan señalar la existencia de nuevos bienes en el plazo de quince días hábiles, y transcurrido dicho plazo se declarará la insolvencia provisional de las citadas ejecutadas en las presentes actuaciones.

Y para que sirva de notificación en forma a “Mayotte Interprise, Sociedad Limitada”, “CBH Consultora Inmobiliaria del Mediterráneo, Sociedad Limitada”, “Navarca Concepto Urbano, Sociedad Limitada”, y “Tesalia Inmuebles, Sociedad Limitada”, cuyo paradero actual se desconoce y el último conocido fue en todas ellas en la avenida del Mediterráneo, número 9, segunda planta, Madrid, y a la empresa “CBH Consultora Inmobiliaria del Mediterráneo, Sociedad Limitada”, además en la avenida de la Constitución, número 35, tercera planta, oficina 104, Coslada (Madrid), expido el presente en Alicante, a 31 de octubre de 2012, para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.—El secretario judicial (firmado).

(03/37.619/12)