I. COMUNIDAD DE MADRID

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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La competencia de desarrollo en el marco de la legislación básica del Estado en materia de minas ha sido asumida por la Comunidad de Madrid en virtud del artículo 27.8 del Estatuto de Autonomía, aprobado mediante Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, y del Real Decreto 1860/1983, de 18 de julio, de traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de industria, energía y minas.

Segundo

Asimismo, la competencia para resolver le viene atribuida a esta Dirección General por el artículo 92.3 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen de la Minería; el Decreto 25/2009, de 18 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, y el Decreto 77/2008, de 3 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.

RESUELVE

Modificar la información relativa a los ficheros de datos personales recogidos en los modelos oficiales a que se refiere la presente Resolución, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que queda como sigue:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Registro Minero”, cuya finalidad es el registro de las concesiones de aprovechamiento de recursos mineros de dicha Sección de la Comunidad de Madrid y podrán ser cedidos de acuerdo a la declaración establecida de dicho fichero de datos, además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento; ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe la interposición de recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante el excelentísimo señor Consejero de Economía y Hacienda, en los términos previstos en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, a 9 de junio de 2010.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(03/27.311/10)