III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MADRID

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Área de Gobierno de Medio Ambiente

Decreto de 15 de junio de 2010, de los delegados de las Áreas de Gobierno de Medio Ambiente y de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid, para la incorporación de criterios medioambientales y sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus organismos autónomos y empresas públicas en relación con los productos forestales.

La utilización racional de los recursos naturales constituye una de las preocupaciones esenciales de las sociedades modernas y se traduce en la necesidad de promover el uso sostenible de los mismos, con el fin de asegurar su disponibilidad para las generaciones futuras.

En particular, la madera y los productos forestales son recursos naturales y renovables cuyo empleo resulta idóneo frente a otros materiales desde el punto de vista medioambiental.

Por otro lado, uno de los mecanismos fundamentales de contribución al desarrollo sostenible por parte de las Administraciones Públicas consiste en la implantación de políticas de compra responsable a través de la incorporación de criterios medioambientales y sociales en la selección de productos y proveedores.

En este sentido, la previsión contemplada en el artículo 45 de la Constitución española y las pautas establecidas en la normativa comunitaria, tanto en la “Comunicación Interpretativa de la Comisión Europea sobre la legislación de contratos públicos y la posibilidad de integrar aspectos ambientales en la contratación pública”, de 4 de julio de 2001, como en las Directivas 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, y la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, conducen necesariamente a la consideración de criterios de protección del medio ambiente en el ámbito de la contratación de las Administraciones Públicas, con pleno respeto a los principios comunitarios, de forma que en ningún caso supongan límites a la libre concurrencia, la igualdad y la no discriminación.

El Ayuntamiento de Madrid, consciente de la importancia de la incorporación de criterios medioambientales en la contratación, se comprometió mediante acuerdo de la Junta de Gobierno, de 24 de febrero de 2005, a fomentar una política de consumo responsable de madera, papel y otros productos forestales, garantizando que provengan de explotaciones gestionadas de manera sostenible, tanto en relación al aprovechamiento racional de los recursos a largo plazo como al respeto de condiciones sociales y laborales dignas de los trabajadores y, en su caso, de los pueblos indígenas y comunidades locales.

Del mismo modo, se pretende fomentar el uso de papel reciclado y de papel certificado que garantice la procedencia de la fibra virgen empleada y la limpieza del sistema de producción utilizado.

Como consecuencia de ello, con fecha 15 de febrero de 2008 se dictó un decreto conjunto de las Áreas de Gobierno de Medio Ambiente y de Hacienda y Administración Pública por el que se dispone la incorporación de criterios medioambientales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento, sus organismos autónomos y empresas públicas en relación con los productos forestales. Con posterioridad a la publicación del citado decreto, se produjo la entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), que regula el régimen aplicable a los contratos celebrados por las administraciones, incluidas las Entidades Locales, conforme las normas específicas que se determinan en su disposición adicional segunda y los términos que les son de aplicación establecidos en su disposición final séptima. Esta Ley viene a reforzar las consideraciones de tipo social y medioambiental que deben valorarse en todos los contratos.

Así pues, la necesaria adaptación del referido decreto a los términos de la nueva LCSP y la procedencia, asimismo, de contemplar los elementos estratégicos recogidos en la resolución del Parlamento Europeo sobre la ejecución de una estrategia forestal para la Unión Europea [2005/2054(INI)], hacen conveniente que por el Ayuntamiento de Madrid se venga a modificar algunas de las previsiones contenidas en la citada norma. De conformidad con ello, se introducen criterios de preferencia en la adjudicación de contratos de forma que se prima el consumo de productos forestales que tengan una certificación acreditativa de la gestión sostenible de los bosques de los que proceden. En el caso de la madera, se distingue la procedente de explotaciones forestales ubicadas en la Unión Europea de aquellas situadas en terceros países, otorgándose, en este último caso, una especial preferencia a las certificaciones que garantizan en mayor medida el respeto de los derechos y la participación de las comunidades locales y pueblos indígenas en la explotación forestal.

Por todo ello, y de conformidad con lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y en el apartado sexto del acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 24 de febrero de 2005, por el que se promueve el uso responsable y sostenible de madera y otros productos forestales; y en virtud de lo previsto en el artículo 1 del acuerdo de Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 30 de octubre de 2008, por el que se establece la organización y estructura del Área de Gobierno de Medio Ambiente y se delegan competencias en su titular y en los titulares de sus órganos directivos, en el artículo 1 del acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 5 de junio de 2008, por el que se establece la organización y estructura del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública y se delegan competencias en su titular y en los titulares de sus órganos directivos, en relación con el artículo 1, apartado 3.5.1.a), del acuerdo de Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 18 de junio de 2007, de delegación de competencias específicas en los órganos superiores y directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos, venimos a disponer:

Artículo 1. Objeto.—El presente decreto tiene por objeto la incorporación de criterios medioambientales y sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus organismos autónomos y los entes, organismos y entidades que a los efectos del artículo 3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), tienen la consideración de sector público municipal, relativos a la adquisición y uso de papel, madera y productos forestales, en general, para garantizar que provengan de explotaciones forestales gestionadas de forma sostenible para la sociedad y el medio ambiente.

Art. 2. Definiciones.—A efectos del presente decreto, se entenderá por:

a) Producto forestal: madera, corcho, celulosa, papel y todos aquellos que procedan de masas boscosas o plantaciones forestales, tanto bajo la forma de materia prima como de producto manufacturado.

b) Explotación forestal sostenible: masa boscosa o plantación forestal gestionada de forma que se posibilite el aprovechamiento del recurso por tiempo indefinido a través de procesos de producción respetuosos con el medio ambiente y en la que se respetan unas condiciones laborales dignas acordes con las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT).

c) Explotación forestal europea: masa boscosa o plantación forestal ubicada en territorio de alguno de los países de la Unión Europea y destinada a la producción de madera, celulosa, papel, corcho u otros productos forestales.

d) Papel reciclado o recuperado: aquel que se obtiene, no de fibras vírgenes, sino del reciclaje del papel y cartón preconsumo (procedente de fábricas de papel) o postconsumo (procedente de consumidores, oficinas, imprentas, encuadernadores o similares).

e) Proceso limpio de producción: aquel proceso de producción en el que se minimiza el impacto ambiental en la fabricación del producto en relación con el consumo de recursos naturales como el agua y la energía, con las emisiones al aire, agua y suelo, y la generación de residuos, ruido y olores. En el caso específico del papel, se considera que ha sido producido conforme un proceso limpio cuando para el blanqueado no se ha utilizado ningún compuesto clorado, lo cual debe quedar acreditado a través del certificado TCF (Totally Chlorine Free), o que no se ha utilizado cloro elemental, lo cual se acreditará a través del certificado ECF (Elementary Chlorine Free).

f) Cadena de custodia: procedimiento de control de la procedencia y posterior proceso de transformación de productos forestales, para garantizar que las materias primas empleadas provienen en origen de explotaciones gestionadas de forma sostenible.

g) Certificación: sistema de acreditación, normalmente mediante un sello, que se puede conceder al papel, madera o productos forestales basado en los principios y normas dictados por entidades independientes, que garantizan al consumidor que el producto procede de explotaciones forestales sostenibles. En el caso del papel, podrán acreditar, además, que ha sido obtenido mediante procesos limpios de producción, así como, en su caso, el contenido de fibras procedentes de reciclado que contiene el producto.

h) Documento oficial acreditativo de autorización de la corta de la madera: documento oficial de autorización de la corta de la madera expedido por la autoridad forestal competente y que recoja al menos los siguientes datos: localización de la corta (término municipal), fecha autorizada de ejecución y volumen de corta autorizado por especie.

i) Certificación de proyecto: certificación que permite hacer declaraciones sobre la sostenibilidad de los materiales utilizados, tanto en las nuevas obras como en las reformas.

Art. 3. Ámbito de aplicación.—1. Los contratos celebrados por los órganos del Ayuntamiento, sus organismos autónomos, y demás entes, organismos o entidades dependientes de aquel referidos en el artículo 1, en los que de manera directa o indirecta se utilice papel, madera o productos forestales, se ajustarán a las prescripciones contenidas en el presente decreto.

2. En concreto, resultará de aplicación:

a) A los contratos de obras, de concesión de obra pública, ya sean construcciones nuevas o de restauración, reparaciones corrientes y rehabilitación, así como todas las instalaciones de carpintería y revestimientos que utilicen madera o productos forestales.

b) A los contratos de gestión de servicios en caso de ser necesaria la utilización de papel, madera y productos forestales en la gestión de los mismos.

c) A los contratos de suministros, tanto de mobiliario de oficina como de mobiliario urbano, de elementos ornamentales, de jardinería y equipamiento de zonas de ocio, esparcimiento deportivo y parques infantiles, de papel para fotocopiadoras, impresoras, máquinas de fax y escritura manual, así como papel continuo para impresoras y otros usos, material de oficina y productos impresos de uso cotidiano (tarjetas, sobres, carpetas y similares).

d) A los contratos de servicios en los casos que supongan la entrega de publicaciones o informes en soporte papel, facturas o la organización de exposiciones y eventos que requieran elaboración de folletos, carteles, paneles para montaje de stands, escenografía y similares.

3. En cuanto a los bienes de adquisición centralizada, lo dispuesto en el presente decreto será de aplicación a los acuerdos marco que se celebren en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos en relación a los bienes y servicios a los que se refiere el mismo.

Respecto a las adquisiciones de bienes y servicios a través de catálogos de otras Administraciones Públicas en virtud de convenios suscritos, se tendrá en cuenta, para la adhesión a los mismos, que se impulse la adecuación de las empresas adjudicatarias a exigencias medioambientales y sociales y que se valoren a aquellas que tienen certificados sus sistemas de gestión medioambiental.

En cuanto a la selección por parte de los órganos de contratación de los bienes objeto de suministro a través de catálogos de otras Administraciones Públicas antes mencionado, se deberán tener en consideración los criterios medioambiental y social establecidos y el orden de preferencia en la valoración del apartado 3 del artículo siguiente.

Art. 4. Incorporación de los criterios medioambiental y social.—La adjudicación de los contratos en los que se incluyan los criterios derivados del presente decreto deberá efectuarse basándose en elementos objetivos que garanticen el respeto de los princ
pios de publicidad, igualdad, transparencia, libre concurrencia y proporcionalidad de conformidad con lo establecido en la LCSP.

La introducción en la contratación de dichos criterios se llevará a cabo en:

1. La memoria justificativa.

En la misma, se justificará la adquisición de madera, papel o productos forestales que garanticen su procedencia de explotaciones sostenibles en la necesidad de efectuar una contratación que suponga el menor impacto negativo sobre el medio ambiente.

2. Los pliegos de prescripciones técnicas.

En la definición del objeto del contrato y de las especificaciones técnicas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

a) Requerimiento de materia prima con unas determinadas características.

Los prescriptores evitarán exigir especies de madera concretas y, en su lugar, definirán las características físico-mecánicas de la madera, tales como dureza, resistencia, elasticidad, densidad, humedad, durabilidad, los problemas de exudaciones u otras, requeridas según la función que haya de cumplir.

b) Procedencia de los productos forestales y requerimiento de utilización de un proceso concreto de producción.

Se requerirá que los productos a suministrar, las obras a realizar o los servicios a prestar, utilicen, en su totalidad o en parte, madera, papel o productos forestales que procedan de explotaciones forestales sostenibles o hayan sido obtenidos mediante un proceso limpio de producción.

c) Cumplimiento del convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre [convenio CITES (Convention on Internacional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)].

En el caso de que se requieran maderas o productos forestales procedentes de especies incluidas en los diversos anexos/apéndices del convenio CITES, se pondrá especial énfasis en asegurar que no se trate de especies en peligro de extinción cuya comercialización esté prohibida al estar incluidas en el anexo I de dicho convenio. Respecto de las especies relacionadas en los restantes anexos del mismo, y cuyo comercio esté autorizado, se deberán requerir todos los permisos y documentos exigidos por los reglamentos que regulan el citado convenio.

d) Cumplimiento de las convenciones fundamentales de la OIT.

En los supuestos de adquisiciones de productos forestales procedentes de países extracomunitarios, se exigirán las garantías acerca del cumplimiento de unas condiciones laborales dignas a lo largo de toda la cadena de suministro, garantizadas a través del cumplimiento de los ocho convenios fundamentales de la OIT, mediante un código de conducta verificado externamente, una certificación SA8000, el certificado Forest Stewardship Council (FSC) o equivalente o certificado de auditoría realizado por empresas externas.

3. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

3.1. Criterios de adjudicación:

Entre los criterios de adjudicación del anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares se incluirán los criterios medioambiental y social, atendiendo a su vinculación al objeto del contrato, y garantizando en todo caso su adecuación a las previsiones contempladas en el artículo 134 de la LCSP.

3.1.1. Contenido de los criterios medioambiental y social: dichos criterios deberán pormenorizar los elementos que se exponen a continuación, y aparecerán debidamente valorados, indicándose su ponderación, ya sea en puntuación o porcentaje, sobre el total de los criterios objetivos de adjudicación:

a) En relación con la madera y productos forestales, el Ayuntamiento deberá primar la utilización de madera y productos forestales certificados que ofrezcan garantías de protección de la biodiversidad y de la gestión forestal sostenible, una cadena de custodia que garantice que los productos finales han sido elaborados a partir de madera certificada, y, cuando proceda, el respeto a las condiciones laborales y sociales de las poblaciones indígenas y comunidades locales. En los contratos de obra que utilicen productos de madera o derivados de esta, el Ayuntamiento podrá primar la Certificación del Proyecto, de acuerdo a un sistema de certificación que presente garantías desde el punto de vista medioambiental, económico y social.

b) En cuanto al papel, el Ayuntamiento deberá primar aquellos papeles que contengan un mayor porcentaje de papel reciclado y, en el caso de que se trate de papeles que contengan fibras vírgenes, aquellas que procedan de madera certificada conforme a las normas Forest Stewardship Council (en adelante FSC), Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (en adelante PEFC) o equivalente. En cuanto a su fabricación, se primarán aquellos papeles que se hayan obtenido con un proceso limpio de producción.

3.1.2. Acreditación del cumplimiento de los criterios: a tales efectos, se exigirá al licitador que aporte la siguiente documentación:

a) Los certificados expedidos por los organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, que acrediten el cumplimiento de requisitos relativos a la gestión sostenible de bosques, el desarrollo de procesos limpios de producción de productos forestales, el porcentaje de papel, madera o producto forestal certificado en el producto final elaborado.

b) “Documento oficial acreditativo de autorización de la corta de la madera”, que garantice la procedencia de la madera, a efectos de distinguir entre aquella procedente de explotaciones forestales europeas y de terceros países, y acredite, a su vez, que no procede de talas ilegales ni países en conflicto.

c) En el caso de que se trate de productos terminados derivados de la madera que no lleven físicamente el sello o marca del certificado forestal, se deberá aportar por el licitador la factura del proveedor del producto forestal donde se identifique claramente que el producto está certificado por una entidad independiente, bajo qué sistema y en qué porcentaje.

La aportación de la documentación señalada no eximirá de las pruebas que la Administración considere necesarias en cada caso para verificar las características anteriormente señaladas y el cumplimiento de las condiciones exigidas como requisitos medioambiental y social.

3.1.3. Valoración de la documentación: con el objeto de que los técnicos municipales puedan llevar a cabo la revisión y valoración de las proposiciones presentadas, se deberán establecer, en el anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares, las siguientes preferencias de las certificaciones y documentos acreditativos del cumplimiento de los criterios medioambiental y social:

a) Madera y productos forestales:

— Primero. Productos forestales procedentes de explotaciones forestales de la Unión Europea certificados por los sistemas FSC o PEFC o equivalente y compuestos al menos por un 70 por 100 de madera certificada cuyo origen sea dichas explotaciones.

— Segundo. Productos forestales procedentes de explotaciones forestales de terceros países certificados por los sistemas FSC o equivalente y compuestos al menos por un 70 por 100 de madera certificada cuyo origen sea dichas explotaciones.

— Tercero. Productos forestales procedentes de explotaciones forestales de terceros países certificados por los sistemas PEFC o sistema equivalente y compuestos al menos por un 70 por 100 de madera certificada cuyo origen sea dichas explotaciones.

— Cuarto. Productos forestales procedentes de explotaciones forestales de terceros países certificados por otros sistemas de certificación distintos de FSC o PEFC y compuestos al menos por un 70 por 100 de madera certificada cuyo origen sea dichas explotaciones.

— Quinto. Productos forestales procedentes de explotaciones forestales de la Unión Europea no certificados y con un “Documento oficial de autorización de la corta de la madera” que acredite que la madera no procede de talas ilegales.

— Sexto. Productos forestales procedentes de explotaciones forestales de terceros países no certificados y con un “Documento oficial de autorización de la corta de la madera” que acredite que la madera no procede de talas ilegales ni países en conflicto.

b) Papel:

— Papel reciclado obtenido con un proceso limpio de producción certificado con los sellos Ángel Azul, Cisne Blanco, FSC 100 por 100 reciclado, o equivalente, o

— Papel compuesto de papel reciclado y fibras vírgenes procedentes de madera certificada FSC, PEFC o equivalente, y que haya sido obtenido con un proceso limpio de producción, o

— Papel compuesto únicamente de fibras vírgenes procedentes de madera certificada conforme a las normas FSC, PEFC o equivalente, y que haya sido obtenido con un proceso limpio de producción.

3.2. Condiciones especiales de ejecución y penalizaciones:

De conformidad con lo que establece el artículo 102 de la LCSP, el órgano de contratación podrá establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato referidas al cumplimiento de los requisitos medioambientales y sociales que se contengan en el pliego de prescripciones técnicas.

En tal caso, se podrán establecer penalizaciones para el supuesto de incumplimiento de dichas condiciones especiales de ejecución que oscilarán entre el 8 y el 10 por 100, respetando, en cualquier caso, los límites establecidos en el artículo 196 de la LCSP.

Art. 5. Memoria anual.—Anualmente, los servicios municipales que contraten los productos forestales recogidos en el presente decreto deberán remitir con anterioridad al 30 de abril de cada año, al Área de Gobierno con competencias en Medio Ambiente, memoria anual de contratos relativa a la cantidad de papel, madera o producto forestal en metros cúbicos o toneladas contratadas y valor financiero suministrado a lo largo del período definido. En dicha memoria se consignará la siguiente información: nombre y razón social del proveedor, datos de contacto del proveedor, producto suministrado o descripción genérica del producto, especie de madera usada, fuentes forestales usadas, destino posterior del producto forestal utilizado, fecha en la que se suministra la información, copia de los certificados o documentos aportados por los contratistas, así como las incidencias relevantes acaecidas en el período informado.

Se facilitará a todos los servicios municipales, desde el Área de Gobierno de Medio Ambiente, el modelo de memoria con los apartados precisos para recopilar la información solicitada y poder realizar un seguimiento efectivo del compromiso de compra responsable de estos productos forestales.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Queda sin efecto el anterior decreto de 15 de febrero de 2008, de los delegados de las Áreas de Gobierno de Medio Ambiente y de Hacienda y Administración Pública, por el que se dispone la incorporación de criterios medioambientales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento, sus organismos autónomos y empresas públicas en relación con los productos forestales.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

El presente decreto surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”.

Madrid, a 15 de junio de 2010.—El delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administ
ación Pública, Juan Bravo Rivera.—La delegada del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Ana Botella Serrano.

(03/26.352/10)