II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

Secretaría General

Edicto por el que se hace pública, a efectos de notificación, relación de resoluciones de expedientes de expulsión del territorio nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín Oficial del Estado” número 285, de 27 de noviembre de 1992), en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (“Boletín Oficial del Estado” número 12, de 14 de enero de 1999), se notifica a las personas que a continuación se detallan, resolución de expediente administrativo de expulsión del territorio nacional, por una infracción prevista en el artículo 53.a) de la Ley Orgánica 4/2000.

La Delegación del Gobierno es competente para resolver sobre los expedientes sancionadores, conforme a lo previsto en el artículo 55.2 de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (“Boletín Oficial del Estado” número 307, de 23 de diciembre), y modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre; y en atención a lo previsto en el artículo 119 del Reglamento de ejecución de la misma, aprobada por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, acuerda la expulsión de los extranjeros que se relacionan. Esta medida conlleva la prohibición de entrada, por un período de tiempo, de los años que asimismo se indican, no solo en territorio español sino también a los territorios de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal República Checa y Suecia; en virtud de lo previsto en el artículo 96 del convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa, según la disposición adicional décima del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.

Con carácter potestativo, cabe el recurso administrativo de reposición, que se regula en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tras la modificación introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero. El plazo de interposición es de un mes, por ser esta resolución un acto expreso, tras el cual solo cabrá interponer recurso judicial. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes, transcurrido el cual se entenderá desestimado.

Directamente o tras la resolución del recurso de reposición, cabe recurso contencioso-administrativo, que regula la Ley 29/1998, de 13 de julio (“Boletín Oficial del Estado” número 167, de 14 de julio). Su plazo es de dos meses, artículo 46, y empieza a correr a partir del día siguiente al de la notificación (sin que corra durante el mes de agosto, artículo 128.2). Es órgano competente, a elección del sancionado, el Juzgado de lo contencioso-administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio, o el que radique en la sede del órgano autor del acto originario que se impugna (Madrid), artículos 8.3 y 14.1.

Los expedientes se encuentran a su disposición en las dependencias de esta Delegación del Gobierno, Servicio de Extranjería, sita en la calle García de Paredes, número 65.

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Madrid, a 2 de diciembre de 2009.—La delegada del Gobierno, María Amparo Valcarce García.

(02/356/10)