– Pinto. Régimen económico. Ordenanza gestión tributos locales
III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE PINTO RÉGIMEN ECONÓMICO 57 Pinto. Régimen económico. Ordenanza gestión tributos locales En sesión del Pleno Municipal de fecha 21 de octubre de 2016 se aprobó inicialmente el expediente de modificación de la ordenanza fiscal número 1 general de gestión, recaudación e inspección de tributos locales. Habiéndose cumplido el plazo de exposición pública y habiendo sido resueltas las alegaciones presentadas a la misma, ha sido aprobada definitivamente en Pleno Municipal de fecha 22 de diciembre de 2016, procediendo a la publicación de las modificaciones de la ordenanza, cuyo texto íntegro es el siguiente: «Artículo 32 Bis. 1. Se establece y regula el Sistema de Pago Anticipado de los tributos que consiste en el pago a cuenta en un único plazo de los tributos devengados el 1 de enero, de vencimiento periódico, nacidos por contraído previo e ingreso por recibo, que se indican en el apartado 2 de este artículo, de los que sea sujeto pasivo determinada persona. Se concederá una bonificación del 5 por 100 de la cuota tributaria a los sujetos pasivos que se acojan a este sistema de pago y abonen anticipadamente, como se establece en este artículo, el total de las deudas tributarias de las que sean titulares correspondientes a un determinado ejercicio derivadas de tributos de carácter periódico. 2. Únicamente podrán acogerse a este sistema los interesados que figuren como sujetos pasivos de deudas tributarias nacidas de los siguientes tributos: a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Rústica y de Características Especiales. b) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. c) Impuesto sobre Actividades Económicas. d) Tasa por Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (Recogida de Basuras). e) Tasa de Entrada de Vehículos a través de Aceras. 3. Para que se conceda dicha bonificación de carácter potestativo serán requisitos imprescindibles: a) Que el solicitante sea sujeto pasivo de alguno de los tributos indicados en el precedente apartado 2 de este artículo y ya esté incorporado al correspondiente padrón o matrícula el 1 de enero del ejercicio del correspondiente devengo. No afectará a liquidaciones tributarias ni a autoliquidaciones. b) Todas las deudas objeto de pago anticipado deben ser del mismo sujeto pasivo. A estos efectos se considera sujeto pasivo únicamente a quien figura como tal en el correspondiente recibo, el cual deberá coincidir con el solicitante del Sistema de Pago Anticipado. No se incluirá en el mismo expediente de pago anticipado a los cónyuges del solicitante ni a otros cotitulares de bienes que expresamente no lo hayan solicitado o no figuren en los documentos de cobro. c) Que afecte a deudas cuyo pago anticipado sea posible en la fecha del cargo en cuenta (entre el día 5 y el 20 de febrero). d) Que se anticipe el pago de todas las deudas con las características señaladas sin excepción. e) Que el beneficiario no tenga deuda/s en la recaudación ejecutiva del Ayuntamiento de Pinto, a la fecha del correspondiente cargo en la cuenta designada por el interesado a estos efectos, salvo que dichas deudas se encuentren incursas en un procedimiento de compensación, suspendidas, fraccionadas o aplazadas. f) Que se domicilie el correspondiente pago de los tributos. Si el titular de la cuenta designada por el interesado a los efectos de la domiciliación no fuera el obligado tributario, se exigirá el consentimiento del titular de la misma. El Ayuntamiento de Pinto admitirá domiciliaciones en las que no coincidan el obligado tributario y el titular de la cuenta cliente, no obstante, esta Administración no se responsabilizará en el caso de que la correspondiente entidad de crédito no admita esta situación, entendiéndose, por tanto, que el impago de un recibo domiciliado por causa de la no coincidencia entre obligado y titular de la cuenta, no es imputable al Ayuntamiento de Pinto. 4. El Sistema de Pago Anticipado y el correspondiente beneficio fiscal del presente artículo, podrá no ser aplicado en el caso de que los sujetos pasivos beneficiarios tengan deudas en la recaudación ejecutiva del Ayuntamiento de Pinto en la fecha solicitud de adhesión a dicho sistema de pago o en cualquier otro memento, salvo que dichas deudas se encuentren incursas en un procedimiento de compensación, suspendidas, fraccionadas o aplazadas. La inaplicación del sistema como consecuencia de la existencia de deudas del sujeto pasivo en vía ejecutiva supondrá la revocación automática de este Sistema de pago para el período impositivo pendiente de ser cargado en la cuenta corriente facilitada por el interesado y los futuros. 5. El pago anticipado se realizará en un pago único que será cargado el día 5 del mes de febrero o inmediato hábil posterior del ejercicio de aplicación, en la cuenta que a estos efectos haya designado el interesado. Una vez solicitado se mantendrá vigente de forma indefinida, salvo en el caso de que el interesado renuncie de forma expresa a que le sea aplicado este sistema o cuando no figure, al menos, en un padrón tributario periódico de los indicados en el precedente apartado 2 de este artículo, en un determinado año. 6. Una vez solicitado el Sistema de Pago Anticipado se mantendrá vigente de forma indefinida, siempre que concurran los requisitos establecidos en esta Ordenanza, salvo en el caso de que: a) El interesado renuncie de forma expresa a que le sea aplicado este sistema. b) No figure el interesado, al menos, en un padrón tributario periódico de los indicados en el precedente apartado 2 de este artículo, en un determinado ejercicio. c) Se produzca un impago del Sistema de Pago Anticipado por devolución del recibo domiciliado por causas no imputables a la Administración. 7. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ordenanza para la aplicación del Sistema de Pago Anticipado, supondrá la extinción de la aplicación de este sistema de pago y de la correspondiente bonificación para el período impositivo pendiente de ser cargado en la cuenta corriente facilitada por el interesado y los futuros. 8. El Sistema de Pago Anticipado es de adhesión voluntaria y expresa por parte de los interesados y su concesión es automática sin que requiera una resolución que la reconozca. La renuncia a este sistema de pago también es voluntaria y expresa y la misma tampoco requerirá resolución. Con el acuerdo de dejar sin efecto la solicitud del Sistema de Pago Anticipado o la renuncia por el interesado a éste, el sujeto pasivo volverá al sistema de pago convencional o mediante domiciliación si ésta se encuentra vigente, respetando, no obstante, el contenido del artículo 32.Ter.11) de esta Ordenanza. La renuncia tendrá efectos en el año siguiente a aquel en que la misma sea comunicada al Ayuntamiento de Pinto. 9. El pago anticipado se realizará en un pago único que será cargado entre los días 5 y 20 del mes de febrero del ejercicio de aplicación, en la cuenta cliente que a estos efectos haya designado el interesado. 10. El pago tendrá el carácter de “a cuenta” y será infraccionable e inaplazable. 11. El importe a pagar anticipadamente será el correspondiente a la suma de todas las deudas que aparezcan en los padrones definitivamente aprobados más, en su caso, la resultante de aplicar los nuevos tipos impositivos u otros elementos tributarios que sean de aplicación para el ejercicio del pago anticipado, sobre los datos de los padrones del ejercicio anterior, descontando a todo ello el correspondiente beneficio fiscal. 12. En los casos en que no se disponga de un padrón tributario aprobado definitivamente en el momento en que vaya ser aplicado el sistema de pago anticipado y, por tanto, se establezca la deuda mediante el sistema de aplicación de nuevos tipos impositivos u otros elementos tributarios sobre los datos de los padrones del ejercicio anterior, si se han detectado desviaciones una vez que se hayan aprobado definitivamente los correspondientes padrones, en el último trimestre del año, se regularizará la situación tributaria del sujeto pasivo, cargando en la cuenta cliente del correspondiente sujeto pasivo la diferencia a favor del Ayuntamiento que haya resultado de la mencionada actualización o, en su caso, se procederá de oficio la devolución de ingresos. A la cantidad a devolver le será de aplicación, respecto de liquidación de intereses, el plazo previsto en el artículo 31.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a contar desde la conclusión del año de aplicación del Sistema de Pago Anticipado. 13. En ningún caso el importe de la bonificación por la aplicación del Sistema de Pago Anticipado podrá ser superior a 500 euros. En el supuesto de que la bonificación aplicable a los tributos de un ejercicio de un determinado sujeto pasivo ascienda a una cantidad superior a 500 euros, se aplicará la bonificación máxima. 14. La aplicación del Sistema de Pago Anticipado es incompatible con la aplicación del Sistema Especial de Pago que se regula en el artículo 32.Quáter de esta ordenanza. En caso de que un obligado tenga solicitado simultáneamente los dos sistemas de pago mencionados, tendrá prioridad el último en ser solicitado, anulándose los efectos del que haya sido solicitado anteriormente para el ejercicio en el que concurren ambas solicitudes y sucesivos. Art. 32. Ter. 1. Se concederá una bonificación del 2,5 por 100 aplicable sobre la cuota íntegra de los tributos periódicos de cobro por recibo, con devengo el 1 de enero, que se encuentren domiciliados en la fecha fijada en el artículo 38.3 c) de esta Ordenanza, en la que se establece el plazo máximo para que la presentación de la orden de domiciliación tenga efectos en el ejercicio de dicha presentación. 2. Este beneficio fiscal no se aplicará en casos de domiciliaciones de fraccionamientos, aplazamientos o domiciliaciones para el Sistema de Pago Anticipado o Sistema Especial de Pago denominado Tarifa Plana. 3. Con la devolución del recibo domiciliado por cualquier causa no imputable al Ayuntamiento de Pinto, se pierde el derecho al beneficio fiscal indicado en el párrafo anterior para el recibo devuelto. 4. La bonificación por domiciliación, podrá no ser aplicada en el caso de que lo sujetos pasivos beneficiarios tengan deudas en la recaudación ejecutiva del Ayuntamiento de Pinto en la fecha de la presentación de la orden de domiciliación o en cualquier otro momento, salvo que dichas deudas se encuentren incursas en un procedimiento de compensación, suspendidas, fraccionadas o aplazadas. La inaplicación de la bonificación como consecuencia de la existencia de deudas del sujeto pasivo en vía ejecutiva supondrá dejar sin efectos de forma automática la domiciliación para el período impositivo pendiente de ser cargado en la cuenta corriente facilitada por el interesado y los futuros. 5. Si no concurren los requisitos para aplicar esta bonificación se anulará la bonificación para el ejercicio del incumplimiento de las condiciones y los futuros. 6. Esta bonificación se aplicará mientras sea efectiva la domiciliación y, como ésta, tendrá carácter indefinido, mientras que concurran los requisitos establecidos. 7. Para la aplicación de esta bonificación, además, se precisará que exista coincidencia entre quien figura como sujeto pasivo en el recibo del ejercicio en que se realice la domiciliación y el de los ejercicios siguientes. 8. La concurrencia de los requisitos exigidos será objeto de comprobación por esta Administración. Si éstos se cumplen, darán derecho a la aplicación automática de la bonificación, sin necesidad de que una resolución reconozca el correspondiente derecho. En caso de que no concurran los requisitos establecidos para la aplicación de la bonificación, ésta no se aplicará en el correspondiente ejercicio y sucesivos, sin que, tampoco, sea necesaria una resolución expresa que declare la improcedencia de aplicación del beneficio fiscal. 9. En ningún caso el importe de la bonificación por domiciliación podrá ser superior a 300 euros. En el supuesto de que la bonificación aplicable a un determinado tributo ascienda a una cantidad superior a 300 euros, se aplicará la bonificación máxima. 10. La aplicación de la orden domiciliación y de su correspondiente bonificación es incompatible con la aplicación de los otros sistemas de pago indicados en los artículos 32.Bis y 32.Quáter de esta Ordenanza. En caso de que un obligado tenga presentada la correspondiente orden de domiciliación de un tributo y al mismo tiempo se encuentre adherido a uno de los sistemas de pago regulados en los artículos 32.Bis y 32.Quáter, prevalecerá la aplicación de aquel de estos sistemas de pago que corresponda, si bien, no se anulará la domiciliación, respetando, no obstante, el contenido del artículo 32.Ter.11) de esta Ordenanza. 11. Si se incumple la obligación del pago del Sistema de Pago Anticipado o del Sistema Especial de Pago (dos plazos consecutivos) por parte de un contribuyente, la domiciliación y la bonificación que lleva consigo, seguirán siendo aplicables, salvo en el caso en que dicho incumplimiento de pago se produzca durante los tres meses anteriores al inicio del período voluntario del tributo domiciliado. En este último caso, la domiciliación y su correspondiente bonificación podrán no ser aplicadas en el ejercicio de la devolución del recibo del Sistema de Pago Anticipado o del Sistema Especial de Pago, pero si lo será en los siguientes ejercicios siempre que concurran los requisitos para la aplicación de la domiciliación. Art. 32. Quáter. 1. Se establece y regula el Sistema Especial de Pago que consiste en el pago a cuenta a lo largo del mismo ejercicio de los tributos devengados el 1 de enero, de vencimiento periódico, nacidos por contraído previo e ingreso por recibo, de los que sea sujeto pasivo determinada persona. 2. Únicamente podrán acogerse a este sistema los interesados que figuren como sujetos pasivos de deudas tributarias nacidas de los siguientes tributos: a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Rústica y de Características Especiales. b) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. c) Impuesto sobre Actividades Económicas. d) Tasa por Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (Recogida de Basuras). e) Tasa de Entrada de Vehículos a través de Aceras. 3. Son características de este procedimiento: a) La adhesión al Sistema Especial de Pago afectará a la totalidad de los conceptos tributarios indicados en el precedente apartado 2 de este artículo, en los que expresamente figure el solicitante en los documentos cobratorios como sujeto pasivo. b) Sin perjuicio de los recargos ejecutivos, intereses de demora y costas que se pudieran derivar de la vía de apremio por impago de la deuda, en el Sistema Especial de Pago no se aplicarán intereses de demora a las deudas afectadas mientras se cumpla con la obligación al pago de la deuda tributaria en los plazos establecidos. c) El Sistema Especial de Pago es de adhesión voluntaria y expresa por parte de los interesados y su concesión es automática sin que requiera una resolución que la reconozca. La renuncia a este sistema de pago que, también, es voluntaria y expresa, tampoco requerirá resolución. Con el acuerdo de dejar sin efecto la solicitud del Sistema Especial de Pago o la renuncia por el interesado a éste, el sujeto pasivo volverá al sistema de pago convencional o mediante domiciliación si esta se encuentra vigente, respetando, no obstante, el contenido del artículo 32.Ter.11) de esta Ordenanza. 4. El Sistema Especial de Pago consiste en fraccionar el pago de los correspondientes tributos anuales indicados en el apartado 2 de este artículo, de un mismo sujeto pasivo. Se admitirán las siguientes modalidades del Sistema Especial del Pago: a) Fraccionamiento en dos plazos con vencimiento entre los días 5 al 20 de febrero y 5 al 10 de octubre. b) Fraccionamiento en tres plazos con vencimiento entre los días 5 al 20 de febrero, 5 al 10 de julio y 5 al 10 de octubre. c) Fraccionamiento en cuatro plazos con vencimiento entre los días 5 al 20 de febrero, 5 al 10 de mayo, 5 al 10 de julio y 5 al 10 de octubre. d) Fraccionamiento en diez plazos con vencimientos: a. Primer vencimiento: entre el 5 al 20 de febrero. b. Los siguientes vencimientos: entre los días 5 al 10 de los meses consecutivos a partir del primer vencimiento. c. Último vencimiento: entre los días 5 al 10 del mes de diciembre. 5. Previa solicitud en el plazo establecido podrán adherirse a este sistema los correspondientes sujetos pasivos, siendo requisitos indispensables para su aplicación: a) Que el solicitante sea sujeto pasivo de alguno de los tributos indicados en el apartado 2 de este artículo y ya esté incorporado al correspondiente padrón o matrícula a 1 de enero del ejercicio del correspondiente devengo. No afectará a liquidaciones tributarias ni a autoliquidaciones con independencia de que éstas se practiquen en sustitución de recibos de padrones periódicos. b) Todas las deudas objeto del Sistema Especial de Pago deben ser del mismo sujeto pasivo. A estos efectos se considera sujeto pasivo únicamente a quien figura como tal en el correspondiente recibo, el cual deberá coincidir con el solicitante de adhesión al Sistema Especial de Pago. No se incluirá en el mismo expediente de Sistema Especial de Pagos a los cónyuges del solicitante ni a otros cotitulares de bienes o derechos que expresamente no lo hayan solicitado o no figuren en los documentos de cobro. c) Que afecte a deudas cuyo pago sea posible en la fecha del primer vencimiento de correspondiente ejercicio (entre los días 5 al 20 de febrero). d) Que afecte a la totalidad de las deudas de las características anteriormente señaladas, sin excepción. e) Que no se hayan incumplido dos fracciones consecutivas conforme se indica en el apartado 6.d) de este artículo. f) Que la solicitud incluya una orden de domiciliación bancaria, indicando el número de código de cuenta cliente y los datos identificativos de la entidad de crédito que deba efectuar el cargo en cuenta, que podrá no ser del obligado tributario, exigiéndose en tal caso el consentimiento expreso del titular de la misma. El Ayuntamiento de Pinto admitirá domiciliaciones en las que no coincidan el obligado tributario y el titular de la cuenta cliente, no obstante, esta Administración no se responsabilizará en el caso de que la correspondiente entidad de crédito no admita esta situación, entendiéndose, por tanto, que el impago de un recibo domiciliado por causa de la no coincidencia entre obligado y titular de la cuenta, no es imputable al Ayuntamiento de Pinto. Esta domiciliación no disfrutará del beneficio fiscal que se establece en el artículo 32.Ter apartado 1 de esta ordenanza. 6. Una vez solicitado el Sistema Especial de Pago se mantendrá vigente de forma indefinida, siempre que concurran los requisitos establecidos en esta Ordenanza, salvo en el caso de que: a) El sujeto pasivo, persona autorizada por éste o su representante legal, renuncie de forma expresa a que le sea aplicado este sistema. b) No figure el sujeto pasivo, al menos, en un padrón tributario periódico de los indicados en el precedente apartado 2 de este artículo, en un determinado ejercicio. c) Se inicie un concurso de acreedores contra el sujeto pasivo. d) Se constate la falta de pago de dos fracciones o de la última cuota. Una vez comprobada la falta de pago de dos cuotas se paralizará el envío a la entidad de crédito, donde se tenga domiciliado el pago, de las cuotas correspondientes a los siguientes vencimientos. Si la falta de pago corresponde a la última cuota se procederá a la baja en el sistema del contribuyente afectado, sin más requisitos. 7. La no concurrencia de los requisitos establecidos para la aplicación del Sistema Especial de Pago determinará que quede sin efectos la adhesión del correspondiente sujeto pasivo a dicho Sistema. 8. En caso de que en el momento de que por incumplimiento de los requisitos, se acuerde dejar sin efectos la solicitud de adhesión al Sistema Especial de Pago, o de la renuncia del sujeto pasivo a que se le aplique dicho Sistema, serán de aplicación las siguientes normas: a) En los casos en que la deuda del correspondiente ejercicio, en su totalidad, ha sido ingresada, el acuerdo de dejar sin efectos la aplicación del sistema o la renuncia del interesado tendrán efectos en el ejercicio siguiente al del correspondiente incumplimiento de requisitos o al de la renuncia. b) En los supuestos en que existan ingresos de una o varias fracciones que ya han sido confirmados (no se ha producido devolución de recibos), existiendo, además, fracciones aún no vencidas, se atenderá a las diferentes situaciones que a continuación se detallan: 1. El período voluntario de los tributos afectados ha concluido. Se iniciará el procedimiento de apremio por las cantidades impagadas. 2. El período voluntario de los tributos afectados se encuentra en curso o aún no se ha iniciado. El sujeto pasivo afectado tendrá la posibilidad de realizar el pago de la parte de deuda pendiente de ingreso durante el período voluntario del correspondiente tributo. Transcurrido el período voluntario se iniciará el procedimiento administrativo de apremio para el cobro de la deuda pendiente de ingreso. c) En los casos en que los cargos en la cuenta cliente facilitados por los sujetos pasivos, de una o varias fracciones ya se ha realizado y existen alguno de dichos cargos cuyo correspondiente ingreso no han sido confirmado (se encuentra en el período en el que pueden ser devueltos). El sujeto pasivo únicamente podrá realizar el pago en el período voluntario de la deuda no ingresada a partir de que conste fehacientemente en el Ayuntamiento de Pinto la devolución del correspondiente recibo por parte de la entidad bancaria. Transcurrido el período voluntario se iniciará el procedimiento de apremio para el cobro de la parte de la deuda impagada. 9. El Sistema Especial de Pago y el correspondiente beneficio fiscal regulados en el presente artículo, podrá no ser aplicado en el caso de que los sujetos pasivos beneficiarios tengan deudas en la recaudación ejecutiva del Ayuntamiento de Pinto en la fecha solicitud de adhesión a dicho sistema de pago o en cualquier otro memento, salvo que dichas deudas se encuentren incursas en un procedimiento de compensación, suspendidas, fraccionadas o aplazadas. La inaplicación del sistema como consecuencia de la existencia de deudas del sujeto pasivo en vía ejecutiva supondrá la revocación automática de este Sistema de pago para el período impositivo pendiente de ser cargado en la cuenta corriente facilitada por el interesado y los futuros. 10. La solicitud para adherirse a este sistema de pago, con indicación de la modalidad escogida, podrá presentarse en cualquier momento del año y tendrá efectos en el ejercicio siguiente al de la solicitud. 11. La cuota tributaria será la correspondiente a los padrones definitivamente aprobados, en su caso, o la resultante de aplicar nuevos tipos impositivos u otros elementos tributarios que correspondan en el ejercicio de aplicación del Sistema Especial de Pago, sobre los datos de los padrones del ejercicio anterior. 12. En el último trimestre del ejercicio en que se aplica este sistema de pago, se regularizará la situación tributaria del sujeto pasivo, si procediera, cargando en la cuenta cliente del correspondiente sujeto pasivo la diferencia a favor del Ayuntamiento que haya resultado de la mencionada regularización o, en su caso, se procederá de oficio la devolución de ingresos. A la cantidad a devolver le será de aplicación, respecto de liquidación de intereses, el plazo previsto en el artículo 31.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, a contar desde la conclusión del ejercicio de aplicación del Sistema Especial de Pago. 13. La devolución de ingresos, en los casos en que así proceda, se realizará en cuenta que designó el solicitante del Sistema Especial de Pagos para domiciliar los correspondientes pagos. 14. Cada pago tendrá el carácter de «a cuenta» y será infraccionable e inaplazable. 15. En los cuatro meses siguientes al del último vencimiento del Sistema Especial de Pago se remitirán al obligado, por conceptos, las correspondientes cartas de pago. 16. Las cuotas tributarias de aquellos débitos acogidos al Sistema Especial de Pago gozarán de una bonificación del 0,5 por 100. La falta de pago del total de la deuda sometida al Sistema Especial de Pago en las condiciones que se fijan en este artículo, producirá automáticamente la pérdida de dicha bonificación. 17. En ningún caso el importe de la bonificación por la aplicación del Sistema Especial de Pago podrá ser superior a 100 euros. En el supuesto de que la bonificación aplicable a los tributos de un ejercicio de un determinado sujeto pasivo ascienda a una cantidad superior a 100 euros, se aplicará la bonificación máxima. Art. 36. 1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de procedimiento iniciado a instancia del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar. En este supuesto, se citará al obligado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una vez para cada interesado, en el “Boletín Oficial del Estado”. La publicación en el “Boletín Oficial del Estado” se efectuará los lunes, miércoles y viernes de cada semana. Estos anuncios podrán exponerse asimismo en la oficina de la Administración tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido. En el caso de que el último domicilio conocido radicara en el extranjero, el anuncio se podrá exponer en el consulado o sección consular de la embajada correspondiente. 2. En la publicación constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado. 3. Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta sección. Art. 38. 1. El pago de la deuda tributaria se efectuará en efectivo, aunque, cuando así se disponga reglamentariamente, cabe que se haga en efectos timbrados. 2. El pago de la deuda tributaria en efectivo se realizará mediante: 2.1. Cheque o talón de entidad bancaria, que deberá reunir, además de los requisitos exigidos por la legislación mercantil, los siguientes: a) Ser nominativo a favor del Ayuntamiento. b) Estar fechado en el mismo día, o en los dos anteriores a aquél en que se efectúe su entrega en la Tesorería Municipal. c) Certificado o conforme por la entidad librada. La entrega del cheque sólo libera al deudor cuando el mismo se haya realizado. 2.2. Ingreso en efectivo o transferencia bancaria a las cuentas bancarias de titularidad municipal designadas por el Ayuntamiento. En este caso se debe especificar la deuda tributaria concreta a la que el ingreso corresponda. 3. El pago de los tributos periódicos objeto de notificación colectiva podrá realizarse mediante la domiciliación en entidades financieras, ajustándose a las siguientes condiciones: a) Que el obligado al pago comunique su orden de domiciliación, personalmente y por escrito, en las dependencias municipales. El obligado al pago podrá solicitar la domiciliación por cualquier otro medio que el Ayuntamiento ponga a su disposición. En este caso la Administración habrá de aceptar la misma para que surta los efectos solicitados. En el caso de no ser aceptada se habrá de adoptar resolución al efecto que será notificada al solicitante con expresión de recursos que contra la no aceptación pueda interponer. b) Las domiciliaciones bancarias tendrán validez por tiempo indefinido, mientras no se produzca alguna de las causas establecidas para su anulación, pudiendo los interesados en cualquier momento solicitar expresamente la modificación o anulación. c) La orden de domiciliación surtirá efectos en el mismo ejercicio en que se presenta en el Ayuntamiento de Pinto si esta presentación se produce antes de que queden tres meses para el inicio del período voluntario del tributo domiciliado. Las órdenes de domiciliación presentadas a partir de dicho momento surtirán efectos para el ejercicio siguiente al de la presentación. d) El cargo en cuenta de los recibos domiciliados se producirá en la tercera semana a contar desde el inicio del período voluntario del correspondiente tributo periódico. 4. Si el titular de la cuenta designada por el interesado a los efectos de la domiciliación no fuera el obligado tributario, se exigirá el consentimiento del titular de la misma. El Ayuntamiento de Pinto admitirá domiciliaciones en las que no coincidan el obligado tributario y el titular de la cuenta cliente, no obstante, esta Administración no se responsabilizará en el caso de que la correspondiente entidad de crédito no admita esta situación, entendiéndose, por tanto, que el impago de un recibo domiciliado por causa de la no coincidencia entre obligado y titular de la cuenta, no es imputable al Ayuntamiento de Pinto. 5. Los pagos de los recibos domiciliados se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta, teniendo carácter de justificante de los mismos los que a tal efecto han de expedir y entregar a los contribuyentes las entidades de depósito donde se encuentren domiciliados aquellos. 6. En el supuesto de devolución, por impago, de un recibo domiciliado, por causas no imputables al Ayuntamiento de Pinto, quedará sin efectos la orden de domiciliación para pagos sucesivos sobre el mismo objeto impositivo, sin perjuicio de los recargos e intereses que sobre el recibo impagado proceda liquidar y exigir. El incumplimiento de los requisitos que para la concesión de la bonificación por domiciliación, se establecen en el artículo 32. Ter de esta ordenanza, también supondrá la anulación de la correspondiente domiciliación. 7. Podrá admitirse el pago en especie cuando una Ley lo prevea expresamente. Art. 40. Aplazamientos y fraccionamientos..1. Competencia y plazos: 1.1. Se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento, tanto en período voluntario como ejecutivo previa solicitud de los obligados, cuando su situación económica-financiera, discrecionalmente apreciada por la Administración Municipal, les impida transitoriamente efectuar el pago de sus débitos. 1.2. Una vez liquidada y notificada la deuda tributaria, la Administración Tributaria municipal puede aplazar o fraccionar el pago, hasta el plazo máximo de 12 meses. Podrá concederse un aplazamiento o fraccionamiento por un período superior al mencionado ante circunstancias excepcionales mediante acuerdo motivado de Junta de Gobierno Local. 2. Solicitud: 2.1. La solicitud de aplazamiento y fraccionamiento se dirigirá a los Servicios Tributarios del Ayuntamiento de Pinto, a quien corresponde la apreciación de la situación económico-financiera del obligado al pago en relación a la posibilidad de satisfacer los débitos. 2.2. La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento del pago se realizará en el período voluntario de ingreso o, si éste ha finalizado, en el período ejecutivo. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento en período ejecutivo se podrán presentar hasta el momento en que se notifiquen al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados. Se presentarán por separado las solicitudes de fraccionamiento de deudas que se encuentran en período voluntario de las solicitudes de deudas que se encuentran en período ejecutivo. 2.3. En el caso de deudas resultantes de autoliquidaciones las solicitudes se presentarán dentro del período fijado para el ingreso en la normativa específica del correspondiente tributo. Cuando las autoliquidaciones hayan sido presentadas fuera de plazo, sólo se entenderá que la solicitud se presenta en período voluntario cuando la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se presente junto con la autoliquidación extemporánea. 2.4. Los Servicios Tributarios dispondrán lo necesario para que las solicitudes se formulen en documento específico, en el que se fundamenten las dificultades económico-financieras, aportando los correspondientes documentos acreditativos. 2.5. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento deberán contener, necesariamente, los datos siguientes: a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal, domicilio fiscal, teléfono, correo electrónico del solicitante y, si procede, de la persona que le represente. Asimismo, se identificará el medio preferente y el lugar señalado a efectos de notificación. b) Identificación de la deuda tributaria cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicite. Cuando se trate de deudas que deban satisfacerse mediante autoliquidación, se adjuntará el modelo oficial de la autoliquidación debidamente formalizado. c) Plazos y condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita. d) Garantía que se ofrece en caso de que esta resulte exigible de acuerdo a las previsiones de esta Ordenanza y demás normas reglamentarias de aplicación. e) Orden de domiciliación bancaria, indicando el número de código de cuenta cliente y los datos identificativos de la entidad de crédito que deba efectuar el cargo en cuenta, que podrá no ser de titularidad del obligado tributario, exigiéndose en tal caso, el consentimiento del titular de la misma. El Ayuntamiento de Pinto admitirá domiciliaciones en las que no coincidan el obligado tributario y el titular de la cuenta cliente, no obstante, el Ayuntamiento de Pinto no se responsabilizará en el caso de que la correspondiente entidad de crédito no admita esta situación, entendiéndose, por tanto, que el impago de un recibo domiciliado por causa de la no coincidencia entre obligado y titular de la cuenta, no es imputable al Ayuntamiento de Pinto. No obstante, excepcionalmente, en la resolución de concesión del aplazamiento o fraccionamiento, se podrá establecer otro sistema de pago distinto de la domiciliación bancaria. f) Lugar, fecha y firma del solicitante y la del titular de la cuenta cliente. 2.6. A la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se debe acompañar: a) Salvo en los casos indicados el apartado 7.7 de este artículo, compromiso expreso e irrevocable de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, de formalizar aval solidario o certificado de seguro de caución, o la documentación que se detalla en los apartados 2.7 y 2.8 de este artículo. b) En su caso, los documentos que acrediten la representación. c) Los demás documentos o justificantes que el interesado estime oportunos en apoyo de su petición. En particular, deberá justificarse la existencia de dificultades económico-financieras que le impidan de forma transitoria efectuar el pago en el plazo establecido. d) Si la deuda tributaria cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita ha sido determinada mediante autoliquidación, el modelo oficial de esta, debidamente cumplimentado, salvo que el interesado no esté obligado a presentarlo por obrar ya en poder de la Administración; en tal caso, señalará el día y procedimiento en que lo presentó. e) En su caso, solicitud de compensación durante la vigencia del aplazamiento o fraccionamiento con los créditos que puedan reconocerse a su favor durante el mismo período de tiempo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52.2, segundo párrafo del RD 939/2005, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. 2.7. Cuando se solicite la admisión de garantía que no consista en aval de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, se aportará junto a la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y a los documentos a que se refieren los apartados 2.6 b), 2.6 c) y 2.6 d), la siguiente documentación: a) Declaración responsable e informe jurídico de la imposibilidad de obtener el aval o certificado de seguro de caución, en el que consten, debidamente documentadas, las gestiones efectuadas al respecto. En este sentido, la imposibilidad de obtener dicho aval o certificado de caución, deberá acreditarse con la negativa de al menos dos entidades financieras o aseguradoras. b) Valoración de bienes ofrecidos en garantía efectuada por empresa o profesionales especializados e independientes. Cuando exista un registro de empresas o profesionales especializados en la valoración de un determinado tipo de bienes, la valoración deberá efectuarse, preferentemente, por una empresa o profesional inscrito en dicho registro. c) Balance y cuenta de resultados del último ejercicio cerrado e informe de auditoría, si existe, en caso de empresarios o profesionales obligados por ley a llevar contabilidad. 2.8. En el caso de que sea exigible la garantía conforme a lo establecido apartado 7.7 de este artículo y se solicite la dispensa total o parcial de la misma, se aportará junto a la solicitud, además de los documentos a que se refiere los apartados 2.6 b), 2.6 c) y 2.6 d), la siguiente documentación: a) Acreditativa de los derechos reales sobre bienes inmuebles (propiedad, usufructo), vehículos de su propiedad, relación de otros bienes (acciones, obligaciones, fondo de inversión, etc.) o, en su caso, declaración responsable y justificación documental manifestando carecer de bienes o no poseer otros que los ofrecidos en garantía. b) Declaración responsable e informe jurídico de la imposibilidad de obtener el aval o certificado de seguro de caución, en el que consten, debidamente documentadas, las gestiones efectuadas al respecto. En este sentido, la imposibilidad de obtener dicho aval o certificado de caución, deberá acreditarse con la negativa de al menos dos entidades financieras o aseguradoras. c) Balance y cuenta de resultados de los tres últimos años e informe de auditoría, si existe, en caso de empresarios o profesionales obligados por ley a llevar contabilidad. d) Plan de viabilidad y cualquier otra información que justifique la posibilidad de cumplir el aplazamiento o fraccionamiento solicitado. e) Si es trabajador por cuenta ajena: 1.o La referida a los ingresos provenientes de los rendimientos del trabajo personal (salarios, pensiones, prestaciones sociales o certificación negativa de percepción de ayudas, justificante del estado de paro, informe de los servicios sociales de su lugar de residencia, etc.). 2.o Declaraciones del IRPF y del Impuesto sobre Patrimonio. Asimismo, deberá acompañar cualquier otra información relevante para justificar la existencia de las dificultades económicas y la viabilidad en el cumplimiento del aplazamiento o fraccionamiento solicitado. 2.9. La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora. 3. Inadmisión de solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento: 3.1. Serán inadmitidas las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento en los siguientes casos: a) Cuando la deuda deba ser declarada mediante autoliquidación y esta última no haya sido objeto de presentación con anterioridad o conjuntamente con la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento. b) Cuando la autoliquidación haya sido presentada habiéndose iniciado con anterioridad un procedimiento de comprobación o investigación que hubiera quedado suspendido por haber pasado el tanto de culpa a la jurisdicción competente o por haber sido remitido el expediente al Ministerio Fiscal por concurrir alguno de los supuestos regulados en el artículo 305 del Código Penal, siempre que la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se refiera a conceptos y períodos objeto de dicho procedimiento de comprobación o investigación. En aquellos supuestos en los que la concurrencia de las circunstancias previstas en este párrafo b) se ponga de manifiesto una vez iniciada la tramitación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, esta última quedará sin efecto de forma automática, debiendo comunicarse al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional la presentación de dicha solicitud. 3.2. La presentación de solicitud de aplazamiento o fraccionamiento que sea reiteración de otras anteriores que hayan sido objeto de denegación previa implicará su inadmisión cuando no contengan modificaciones sustanciales respecto de la solicitud previamente denegada y, en particular, cuando a juicio de los responsables de los Servicios Tributarios, la mencionada reiteración tenga por finalidad dilatar, dificultar o impedir el desarrollo de la gestión recaudatoria. 3.3. La inadmisión implicará que la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se tenga por no presentada a todos los efectos. 3.4. La resolución de inadmisión podrá ser objeto de recurso. 3.5. Podrá ser inadmitida la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento correspondiente a una o varias de las fracciones impagadas correspondientes a un aplazamiento o fraccionamiento previamente concedido. 4. Criterios generales de concesión de aplazamientos y fraccionamientos. Los criterios generales de concesión de aplazamientos y fraccionamientos son: 4.1. Podrá denegarse un aplazamiento o fraccionamiento de deudas que se encuentren en procedimiento ejecutivo en el supuesto de que en las correspondientes solicitudes no se incluya la totalidad de las deudas del mismo sujeto pasivo que se encuentran en dicho período, salvo que estén incursas en un procedimiento de compensación, suspendidas, aplazadas o fraccionadas. 4.2. La resolución de las peticiones sobre aplazamientos y fraccionamientos será notificada, por los Servicios Tributarios, a los interesados. 4.3. Si no hubiera transcurrido el período voluntario de ingreso y el pago se produjera dentro del mismo, no se liquidarán intereses de demora. 4.4. Podrá denegarse el aplazamiento o fraccionamiento de deudas en período voluntario, cuando se compruebe la existencia de deudas del mismo titular en período ejecutivo, salvo en el caso en que éstas se encuentren incursas en un procedimiento de compensación, aplazadas, fraccionadas o suspendidas. El interesado podrá subsanar esta causa de denegación en las condiciones que se establecen en el apartado 5.1 de este artículo. 4.5. Podrá acordarse la denegación cuando la garantía aportada por el solicitante hubiese sido rechazada anteriormente por la administración tributaria por falta de suficiencia jurídica o económica o por falta de idoneidad. 4.6. El incumplimiento de fraccionamientos o aplazamientos que le hayan sido concedidos a un contribuyente en el pasado podrá ser causa de denegación de nuevos aplazamientos o fraccionamientos solicitados por el mismo contribuyente. 4.7. Si una vez concedido un aplazamiento o fraccionamiento el deudor solicitase una modificación en sus condiciones, la petición no tendrá, en ningún caso, efectos suspensivos. La tramitación y resolución de estas solicitudes se regirá por las mismas normas que las establecidas para las peticiones de aplazamiento o fraccionamiento con carácter general. 4.8. Contra la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento de pago, podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes contado desde el día de la recepción de notificación de dicha resolución. 5. Procedimiento: 5.1. La Administración tributaria municipal examinará las solicitudes presentadas. Si la solicitud no reúne los requisitos o no se acompañan los documentos que correspondan conforme a la normativa vigente, los Servicios Tributarios requerirán al solicitante para que, en un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane el defecto o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, de no atender el requerimiento en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la solicitud, archivándose sin más trámite la misma. Si la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se hubiera presentado en período voluntario de ingreso y el plazo para atender el requerimiento de subsanación finalizase con posterioridad al plazo de ingreso voluntario, no habiéndose efectuado el pago ni subsanado los defectos o aportado los documentos solicitados, se iniciará el período ejecutivo, exigiéndose la deuda por la vía de apremio, con los recargos e intereses correspondientes. Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo por el interesado pero se entienda que no han sido subsanados los defectos observados, procederá la denegación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento. No procederá la subsanación si no se acompaña a la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento la autoliquidación que no obre en poder del Ayuntamiento. En este caso, procederá la inadmisión conforme a lo previsto en el precedente apartado 3.1 a) de este artículo. 5.2. Cuando se considere oportuno a efectos de dictar resolución, se podrá requerir al solicitante la información y documentación que se considere necesaria para resolver la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y, en particular, la referencia a la titularidad, descripción, estado, cargas y utilización de los bienes ofrecidos en garantía, entre otras. 5.3. Las notificaciones de los decretos que concedan aplazamientos y fraccionamientos de pago especificarán los plazos y demás condiciones de los mismos. Excepcionalmente, el decreto señalará la cuantía, plazos o condiciones distintos de los solicitados. 5.4. Con carácter general el vencimiento de los plazos deberá coincidir con el día 5 de cada mes. 5.5. El otorgamiento de un fraccionamiento no puede comportar la devolución de ingresos ya recaudados, los cuales tendrán siempre la consideración de pago a cuenta. 5.6. El plazo máximo para notificar la resolución de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento es de seis meses a contar desde el día en que la solicitud de aplazamiento tuvo entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. 5.7. Si la resolución fuese estimatoria, se notificará al solicitante informándole de las cuotas a pagar en cada vencimiento y demás detalles del aplazamiento o fraccionamiento. También, se advertirán las consecuencias de la falta de pago y, en su caso, de los efectos que se producirán de no constituirse la garantía. No obstante, en aquellas solicitudes que reúnan las condiciones generales previstas en los apartados anteriores del presente artículo, los interesados podrán entender que les ha sido concedido el aplazamiento o fraccionamiento solicitado, en el momento de hacerse efectivo el pago de la totalidad de la deuda aplazada o fraccionada. Igualmente, en el caso de solicitudes que reúnan las condiciones generales previstas en esta Ordenanza, los interesados podrán entender que les ha sido concedido el fraccionamiento solicitado, una vez que hayan transcurrido seis meses desde el día de la presentación de dicha solicitud, siempre que se hayan efectuado los cargos en cuenta de las correspondientes fracciones y estas no hayan sido impagadas. Para el resto de los supuestos no contemplados en este párrafo, transcurrido dicho plazo de seis meses sin que hayan sido expresamente resueltas y notificadas las mencionadas resoluciones, las solicitudes se deberán entender denegadas a los efectos de interponer el recurso correspondiente o esperar la resolución expresa. 5.8. Si la resolución fuese denegatoria, las consecuencias serán las siguientes: 1) Si la solicitud fue presentada en período voluntario de ingreso, con la notificación del acuerdo denegatorio se iniciará el plazo de ingreso regulado en el art. 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: a) Si la notificación del acuerdo denegatorio se realiza entre los días uno y 15 del mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. b) Si la notificación del acuerdo denegatorio se realiza entre los días dieciséis y último del mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. De no producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el período ejecutivo y deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el art. 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. De realizarse el ingreso en dicho plazo, procederá la liquidación de los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de la denegación. De no realizarse el ingreso los intereses se liquidarán hasta la fecha de vencimiento de dicho plazo, sin perjuicio de los que puedan devengarse con posterioridad conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley General Tributaria. 2) Si la solicitud fue presentada en período ejecutivo de ingreso, deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley General Tributaria, de no haberse iniciado con anterioridad o continuarse en este último supuesto. 5.9. Durante la tramitación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y hasta tanto esta sea resuelta expresamente o pueda entenderse desestimada, el deudor deberá cumplir con el calendario de pagos propuesto o, en su caso, con el provisional establecido por el Ayuntamiento. Su incumplimiento podrá implicar la denegación de la solicitud por entender que concurren dificultades económico-financieras de carácter estructural. 5.10. El órgano competente para la tramitación de la solicitud, si estima que la resolución pudiera verse demorada como consecuencia de la complejidad del expediente, valorará el establecimiento de un calendario provisional de pagos hasta que la resolución se produzca. Dicho calendario podrá incorporar plazos distintos de los propuestos por el solicitante y lo sustituirá a todos los efectos. 6. Intereses de demora: 6.1. Con carácter general, las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione devengarán el interés de demora a que se refiere el artículo 26 de la Ley General Tributaria. No obstante, cuando se garantice la deuda en su totalidad mediante un aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante un certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el interés legal que corresponda hasta la fecha de su ingreso. 6.2. Si el aplazamiento o fraccionamiento ha sido solicitado en período ejecutivo, la base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo del período ejecutivo. 6.3. Los intereses devengados se deberán ingresar junto con la deuda aplazada. 6.4. En la aplicación del precedente punto 6.1, se tendrán en cuenta estas reglas: a) En la liquidación de intereses de demora se computa el tiempo comprendido entre el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario y la fecha del vencimiento del plazo concedido, tomando como base de cálculo el principal de la deuda. b) En caso de fraccionamiento, se computarán los intereses devengados por cada fracción desde el vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta el vencimiento de dicha fracción, debiéndose satisfacer conjuntamente tanto el importe correspondiente a la fracción como los intereses de demora devengados correspondientes a dicha fracción. c) En caso de que el fraccionamiento o aplazamiento sea superior al año natural en que se solicita y, por tanto, se desconozca el tipo de interés aplicable, se calculará éste en base al tipo vigente y posteriormente se regularizará si se hubiera modificado dicho tipo de interés. 6.5. Si en cualquier momento durante la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento el interesado efectúa el ingreso de la deuda, el Ayuntamiento de Pinto liquidará intereses de demora por el período transcurrido desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del ingreso. 7. Garantías: 7.1. Como regla general el solicitante deberá ofrecer garantía en forma de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, conforme al modelo que se incluye en el anexo número uno de esta Ordenanza. Cuando la deuda que haya resultado aplazada o fraccionada se encuentre garantizada mediante aval de entidad de crédito, de sociedad de garantía recíproca o seguro de caución, se devengará a partir del momento de la efectiva presentación de dichas garantías el interés legal por las cantidades y períodos del aplazamiento y fraccionamiento posteriores a la fecha de presentación de la garantía. 7.2. Cuando se justifique que no es posible obtener aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, o que su aportación compromete gravemente la viabilidad económica del obligado al pago, la Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca mobiliaria o inmobiliaria, prenda con o sin desplazamiento de la posesión, anotación preventiva de embargo, fianza personal y solidaria o cualquier otra que estime suficiente el Ayuntamiento de Pinto. 7.3. A solicitud del interesado, el Ayuntamiento de Pinto podrá dispensar total o parcialmente de la presentación de las garantías, aun cuando el importe de la deuda o los plazos en los que se solicita el fraccionamiento sean superiores a los establecidos en el apartado 7.7 de este artículo, en el supuesto de que el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública. En estos casos el peticionario deberá presentar los documentos que se indican en el apartado 2.8 de este artículo y cualquier otra documentación con trascendencia económico-financiera que se estime adecuada por los Servicios Tributarios, y que justifique la posibilidad de cumplir el aplazamiento o fraccionamiento solicitado. 7.4. En cuanto a la vigencia de la garantía constituida mediante aval o certificado de seguro de caución, estos deberán ser abiertos. 7.5. En los fraccionamientos podrán constituirse una única garantía para la totalidad de las fracciones que puedan acordarse o bien garantías parciales e independientes para una o varias fracciones. 7.6. La garantía por el total de las fracciones o de las garantías parciales e independientes para una o varias fracciones, deberán cubrir el importe de la deuda en período voluntario, más el de los intereses de demora que genera el aplazamiento, y un 25 por 100 de la suma de ambas partidas. 7.7. Podrá no exigirse garantía cuando el solicitante sea una Administración Pública o el importe de la deuda, cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, en su conjunto, sea inferior a 30.000 euros, sin perjuicio de que el deudor demuestre que puede cumplir el aplazamiento o fraccionamiento solicitado mediante la presentación de la documentación que se especifica en el apartado 2.8 de este artículo, que le requiere la Administración o la presentación de un plan de viabilidad. Igualmente, podrá no exigirse garantía en el caso de fraccionamiento de pago de deudas superiores a 18.000 euros, por un período máximo de doce meses. El acuerdo de dispensa de garantía para deudas superiores a 30.000 euros o superiores, correspondiente a fraccionamientos por un período igual o inferior a doce meses, se adoptará por Junta de Gobierno Local. 7.8. En el supuesto de admitirse como garantía la fianza personal solidaria, tendrá que ser presentada por dos vecinos del municipio de acreditada solvencia, en orden a la determinación de la capacidad y solvencia de los fiadores, estos deberán presentar junto al documento de fianza idéntica documentación a la exigida en el apartado 2.8 de este artículo. 7.9. La garantía deberá aportarse en el momento de la solicitud o en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización. 7.10. Transcurrido el plazo de dos meses sin haberse formalizado las garantías, las consecuencias serán las siguientes: a) Si la solicitud fue presentada en período voluntario de ingreso, se iniciará el período ejecutivo al día siguiente de aquel en que finalizó el plazo para la formalización de las garantías, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley General Tributaria, exigiéndose el ingreso del principal de la deuda y el recargo del período ejecutivo. Se procederá a la liquidación de los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha de fin del plazo para la formalización de las garantías sin perjuicio de los que se devenguen posteriormente en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley General Tributaria. b) Si la solicitud fue presentada en período ejecutivo de ingreso, deberá continuar el procedimiento de apremio. 7.11. La suficiencia económica y jurídica de las garantías será apreciada por los Servicios Tributarios del Ayuntamiento de Pinto. Cuando dicha apreciación presente especial complejidad, se podrá solicitar informe de otros servicios técnicos de la Administración o contratar servicios externos. Asimismo, el órgano competente para tramitar el aplazamiento o fraccionamiento podrá solicitar informe al órgano con funciones de asesoramiento jurídico correspondiente sobre la suficiencia jurídica de la garantía ofrecida. Si la valoración del bien ofrecido en garantía resultara insuficiente para garantizar el aplazamiento o fraccionamiento en los términos previstos en la normativa vigente, deducidas las cargas en su caso existentes y no se tratase de un supuesto en los que procede la dispensa de garantía, se requerirá al solicitante para que en el plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, aporte garantías complementarias o bien acredite la imposibilidad de aportarlas, conforme a lo dispuesto en el apartado 7.2 y 7.3 de este artículo. Si el requerimiento no es atendido o, siéndolo, no se entiende complementada la garantía o suficientemente justificada la imposibilidad de complementarla, procederá la denegación de la solicitud. 8. Actuaciones en caso de falta de pago en aplazamientos y fraccionamientos: 8.1. En los aplazamientos, si llegado el vencimiento del plazo concedido no se efectuara el pago, se producirán los siguientes efectos: a) Si la solicitud fue presentada en período voluntario, se iniciará el período ejecutivo al día siguiente del vencimiento del plazo incumplido, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio. Se exigirá el ingreso del principal de la deuda, los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del vencimiento del plazo concedido y el recargo del período ejecutivo sobre la suma de ambos conceptos. b) Si la solicitud fue presentada en período ejecutivo, deberá continuar el procedimiento de apremio. c) En los supuestos recogidos en los párrafos a) y b), transcurridos los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que el ingreso de las cantidades exigidas se hubiese efectuado, se procederá a la ejecución de garantías. 8.2. En los fraccionamientos concedidos con dispensa total de garantías o con garantía o garantías constituidas sobre el conjunto de las fracciones, si llegado el vencimiento de una fracción no se efectuara el pago, las consecuencias serán las siguientes: a) Si se trata de un fraccionamiento de deudas que se encuentran en período ejecutivo en el momento de la presentación de la solicitud, deberá continuarse el procedimiento de apremio. b) Si se trata de un fraccionamiento de deudas que se encuentran en período voluntario en el momento de presentarse la solicitud, se procederá respecto de la fracción incumplida a iniciar el procedimiento de apremio. Se exigirá el importe de dicha fracción, los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del vencimiento del plazo concedido y el recargo del período ejecutivo sobre la suma de ambos conceptos. De no producirse el ingreso de las cantidades exigidas conforme al párrafo anterior se considerarán vencidas el resto de las fracciones pendientes, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio respecto de todas las deudas. Se exigirán los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del vencimiento de pago de la fracción incumplida. c) En los fraccionamientos concedidos con garantía o garantías constituidas sobre el conjunto de las fracciones, transcurridos los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que el ingreso de las cantidades exigidas se hubiese efectuado, se procederá según dispone el artículo 168 del R.D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. 8.3. Si en los fraccionamientos las garantías se hubiesen constituido con carácter parcial e independiente para una o varias fracciones y llegado el vencimiento de una fracción no se efectuara el pago, las consecuencias serán las siguientes: a) Si la garantía corresponde a una o un conjunto de fracciones correspondientes a deudas que se encuentran en período ejecutivo en el momento de la presentación de la solicitud, se producirá el vencimiento de la totalidad de las fracciones a las que extienda sus efectos la garantía parcial e independiente y se deberá continuar el procedimiento de apremio y se exigirán los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha de vencimiento del pago de la fracción incumplida. Transcurridos los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que el ingreso de las cantidades exigidas se hubiese efectuado, se procederá a ejecutar la garantía parcial. El acuerdo de fraccionamiento permanecerá vigente respecto de las fracciones a las que no alcance la garantía parcial e independiente. b) Si la garantía corresponde a una o un conjunto de fracciones correspondientes a deudas que se encuentran en período ejecutivo en el momento de la presentación de la solicitud, las consecuencias en relación con la fracción incumplida y con el resto de las fracciones pendientes a las que extienda sus efectos la garantía parcial e independiente serán las establecidas en el apartado 8.2 b) de este artículo. Transcurridos los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que el ingreso de las cantidades exigidas se hubiese efectuado, se procederá a ejecutar la garantía parcial e independiente. El acuerdo de fraccionamiento permanecerá vigente respecto de las fracciones a las que no alcance la garantía parcial e independiente. 8.4. La ejecución de las garantías a que se refiere este artículo se realizará por el procedimiento regulado en el artículo 74 del R.D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. El importe líquido obtenido se aplicará al pago de la deuda pendiente, incluidas costas, recargos e intereses de demora. La parte sobrante será puesta a disposición del garante o de quien corresponda. 8.5. En los supuestos de aplazamiento o de fraccionamiento con dispensa parcial de garantía o de insuficiencia sobrevenida de las garantías en su día formalizadas, no será necesario esperar a su ejecución para proseguir las actuaciones del procedimiento de apremio. En el caso de insuficiencia sobrevenida deberá quedar motivada en el expediente la continuación del procedimiento de apremio como consecuencia de aquella. Art. 79. 1. La concesión o denegación de exenciones, reducciones o bonificaciones se ajustará a la normativa específica de cada tributo, sin que en ningún caso pueda admitirse la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito de las exenciones o bonificaciones. 2. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales. La Ordenanza fiscal de cada tributo deberá regular los supuestos de concesión de beneficios tributarios. 3. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo, en los casos en que el beneficio fiscal haya de concederse a instancia de parte, la solicitud deberá presentarse: a) Cuando se trate de tributos periódicos gestionados mediante padrón o matrícula, en el plazo establecido en la respectiva Ordenanza para la presentación de las preceptivas declaraciones de alta o modificación. Una vez otorgado, el beneficio fiscal se aplicará en las sucesivas liquidaciones en tanto no se alteren las circunstancias de hecho o de derecho que determinaron su otorgamiento. b) Cuando se trate de tributos en los que se encuentre establecido el régimen de autoliquidación, en el plazo de presentación de la correspondiente autoliquidación o declaración-liquidación. c) En los restantes casos, en los plazos de presentación de la correspondiente declaración tributaria o al tiempo de la presentación de la solicitud del permiso o autorización que determine el nacimiento de la obligación tributaria, según proceda. 4. Si la solicitud del beneficio se presentare dentro de los plazos a que se refiere el número anterior, su reconocimiento surtirá efecto desde el nacimiento de la obligación tributaria correspondiente al período impositivo en que la solicitud se formula. En caso contrario, el disfrute del beneficio no alcanzará a las cuotas devengadas con anterioridad a la fecha en que dicha solicitud se presente. 5. Cuando se trate de beneficios fiscales que han de otorgarse de oficio, se aplicaran en el momento de practicar la liquidación por el Ayuntamiento o autoliquidación por interesado, o desde la fecha de la concurrencia de los requisitos que habiliten para su disfrute, siempre que se disponga de la información acreditativa de los mismos. 6. La prueba de la concurrencia de los requisitos establecidos por la normativa de cada tributo, para el disfrute de los beneficios fiscales, corresponderá al sujeto pasivo. 7. Las normas establecidas es esta Ordenanza Fiscal General, sobre la aplicación de los beneficios fiscales será subsidiaria de las específicas que contienen la ordenanza del correspondiente tributo. Art. 82. 1. Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y demás ingresos de derecho público de las entidades locales, solo podrá interponerse recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto, dentro del plazo de un mes, a contar desde la notificación individual o de la exposición pública de los padrones correspondientes. 2. La resolución dictada será congruente con las peticiones formuladas por el interesado, sin que en ningún caso se pueda agravar su situación inicial. No obstante, se podrán examinar todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el recurso. Si el órgano competente para resolver estima pertinente extender la revisión a cuestiones no planteadas por los interesados, las expondrá a los que estuvieren personados en el procedimiento y les concederá un plazo de cinco días para formular alegaciones. 3. Contra la denegación del recurso de reposición, puede interponerse recurso contencioso-administrativo en los plazos siguientes: a) Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición. b) Si no hubiese resolución expresa, el recurso de reposición se entenderá desestimado de no recaer resolución en el plazo de un mes contado desde la fecha de interposición, y podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses contado desde el día siguiente a aquel en que haya de entenderse desestimado el recurso de reposición. 4. La interposición del recurso regulado en el punto 1 no requiere el previo pago de la cantidad exigida; no obstante, la interposición del recurso no detendrá en ningún caso la acción administrativa, a menos que el interesado solicite dentro del plazo para interponer el recurso la suspensión del procedimiento y acompañe garantía que cubra el total de la deuda tributaria, en cuyo supuesto se otorgará la suspensión. La cuantía de la garantía cubrirá el principal más los intereses de demora, a la que se sumará el 25 por 100 a dicho importe cuando la deuda se encuentre en período ejecutivo. 5. La garantía a constituir por el recurrente, para obtener la suspensión, podrá consistir en: a) Depósito en dinero efectivo o en valores públicos en la Caja Municipal. b) Aval o fianza solidaria prestada por un banco oficial o privado o por una caja de ahorros. c) Fianza personal y solidaria prestada por dos contribuyentes de la localidad, de reconocida solvencia, para débitos inferiores a 601,01 euros. d) Otros medios que se consideren suficientes cuando se pruebe las dificultades para aportar garantías en cualquiera de las formas señaladas. La suficiencia de la garantía en este caso deberá ser valorada por la Intervención. 6. Las garantías se constituirán, de acuerdo con los modelos oficiales. Los avales extendidos de conformidad con los citados modelos se considerarán admisibles y válidos para surtir efectos como garantía, siempre que sean emitidos por Bancos oficiales o privados inscritos en el Registro General de Bancos y Banqueros y Cajas de Ahorros sometidas a la Inspección del Banco de España; y siempre que sean solidarios con expresa renuncia al beneficio de excusión y autorizados por apoderados de la entidad avalante que tengan poder suficiente para obligarla plenamente, poderes que deberán ser bastanteados en todos los casos previamente por la Asesoría Jurídica de la Secretaría General de este Ayuntamiento. El derecho a la devolución de las garantías constituidas prescribirá a los veinte años de su constitución, de no practicarse gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad. La devolución se podrá realizar de oficio o a instancia de parte. En todo caso, deberá ser informada favorablemente por el órgano de gestión y a continuación por la Intervención General con carácter previo a la adopción del acuerdo de devolución. La Administración Municipal no reembolsará al depositante en ningún caso, el coste de las garantías depositadas, salvo en aquellos supuestos en que así se disponga por norma con rango legal. 7. Resuelto el recurso interpuesto en período voluntario de pago, tanto si el acuerdo no anula ni modifica el acto administrativo impugnado, como si se modifica el mismo o se ordena la retroacción del procedimiento, la deuda deberá pagarse en los plazos generales previsto por el apartado 2 del artículo 62 de la Ley General Tributaria. No obstante, cuando la ejecución del acto hubiese estado suspendida en vía administrativa, los órganos de recaudación no iniciarán o en su caso, no reanudarán las actuaciones del procedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, siempre que la vigencia y eficacia de la caución inicialmente aportada se mantenga hasta entonces. Si durante ese plazo el interesado comunicase la interposición del recurso con petición de suspensión y ofrecimiento de caución para garantizar el pago de la deuda, se mantendrá la paralización del procedimiento en tanto conserve su vigencia y eficacia la garantía aportada en vía administrativa. El procedimiento se reanudará o suspenderá a resultas de la decisión que adopte el órgano judicial en la pieza de suspensión. DISPOSICIÓN FINAL Las modificaciones a esta Ordenanza, aprobadas en sesión plenaria de fecha 22 de diciembre de 2016, entrarán en vigor una vez cumplidos los trámites legales, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa”. Pinto, a 23 de diciembre de 2016..El alcalde, Rafael Sánchez Romero. (03/45.273/16)
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