BOCM-20160806-16 Comunidad de Madrid JUZGADO DE LO SOCIAL DE MADRID NÚMERO 14 2016/08/06 Madrid número 14. Ejecución 214 de 2015 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 1 1 187 https://www.bocm.es/2016-08-06-187270720160319 https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/06/BOCM-20160806-16.xml https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/06/BOCM-20160806-16.json https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/06/BOCM-20160806-16.PDF https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/06/BOCM-20160806-16.epub IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Juzgados de lo Social: Juzgados de lo Social: JUZGADO DE LO SOCIAL DE MADRID NÚMERO 14 IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA JUZGADO DE LO SOCIAL DE MADRID NÚMERO 14 16 Madrid número 14. Ejecución 214 de 2015 EDICTO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Doña María Ángeles Charriel Ardebol, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo social número 14 de Madrid. Hago saber: Que en el procedimiento número 214 de 2015 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), frente a don José Antonio del Val Osuna, sobre ejecución forzosa del laudo arbitral, se han dictado las siguientes resoluciones: Parte dispositiva: Despachar orden general de ejecución del acta de conciliación a favor de la parte ejecutante Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), frente al demandado don José Antonio del Val Osuna, parte ejecutada, por un principal de 4.108,18 euros, más 821,63 euros de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación. Notifíquese la presente resolución a las partes. Parte dispositiva: En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo: Requerir a don José Antonio del Val Osuna a fin de que en el plazo de diez días manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución que asciende a 4.108,18 euros en concepto de principal y 821,63 euros en concepto provisional de intereses de demora y costas. Deberá manifestar dicha relación con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deberá, asimismo, indicar las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes, y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de este que puedan interesar a la ejecución. Esta obligación incumbirá, cuando se trate de personas jurídicas, a sus administradores o a las personas que legalmente les representen, y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin personalidad a quienes aparezcan como sus organizadores, directores o gestores. En el caso de que los bienes estuvieran gravados con cargas reales deberá manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha. En el caso de bienes inmuebles deberá indicar si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas. Proceder a la investigación judicial del patrimonio del ejecutado. A tal efecto, se consultarán las bases de datos a las que tenga acceso este órgano judicial y se librarán los despachos pertinentes a los organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos del deudor de los que tengan constancia, tras la realización por estos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Se recabará la información precisa, dentro de los límites del derecho a la intimidad personal, para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que ejecute de entidades financieras o depositarias o de otras personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de este o pudieran resultar deudoras del mismo. Se pone de manifiesto a las partes, a los efectos oportunos, que practicada averiguación patrimonial del ejecutado a través del Punto Neutro Judicial se han obtenido resultados, entre otros, en la Agencia Tributaria, en la Dirección General de Tráfico, en el Catastro y en distintas cuentas bancarias. Se acuerda el embargo de las devoluciones tributarias que la Agencia Estatal de Administración Tributaria tenga pendientes de devolver a la parte ejecutada. A tal efecto, realícese la petición de cargo por requerimiento judicial a través de la “Cuenta de consignaciones judiciales”. Se acuerda el embargo de los saldos de don José Antonio del Val Osuna a favor del ejecutado en las entidades de crédito de las que sea titular en cuanto sean suficientes para cubrir la suma de las cantidades reclamadas. Líbrense los oficios necesarios en las entidades bancarias y/o de crédito donde se hará constar la orden de retención y de puesta a disposición con los apercibimientos legales que para el caso de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir el receptor de la misma, quien deberá expedir recibo acreditativo de la recepción de la orden y quien deberá hacer constar las cantidades que el ejecutado, en ese instante, dispusiere en tales entidades. A tal efecto, realícese la petición de cargo por requerimiento judicial a través de la “Cuenta de consignaciones judiciales”. Hágase saber al ejecutado que conforme al auto que contiene la orden general de ejecución: a) Transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos. b) Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales, si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado en aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la Ley de la Jurisdicción Social. Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del artículo 53.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados y, en su caso, los profesionales designados señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal. La “Cuenta de consignaciones” del órgano judicial a efectos de pago será en el “Banco Santander”, IBAN ES55/0049/3569/92/0005001274 con el número 2512/0000/64/0214/15, debiendo indicar en el campo “Concepto de pago”, “Banco cuenta consignaciones”. Notifíquese la presente resolución a las partes. Se advierte al destinatario de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento. Y para que sirva de notificación en legal forma a don José Antonio del Val Osuna, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. En Madrid, a 8 de julio de 2016..La letrada de la Administración de Justicia (firmado). (03/26.897/16)