IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA JUZGADO DE LO SOCIAL DE MADRID NÚMERO 32 108 Ejecución 95 de 2013 EDICTO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Don David Atienza Marcos, secretario judicial del Juzgado de lo social número 32 de Madrid. Hago saber: Que en el procedimiento número 28 de 2012, ejecución número 95 de 2013-JG, de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don Epifanio Ríos Sosa, don Hernán Ríos Sosa, doña Leli Ríos Sosa, don Leonardo Flores Aquino y don Nereo Esquicio Sosa Grande, frente a don José Abdón Quezada González, sobre ejecución forzosa, se ha dictado por la magistrada-juez doña María Luisa Gil Meana el auto de fecha 9 de mayo de 2013, cuya parte dispositiva es la siguiente: Parte dispositiva: Despachar orden general de ejecución de la sentencia de fecha 14 de febrero de 2013 a favor de la parte ejecutante don Hernán Ríos Sosa, don Nereo Esquicio Sosa Grande, doña Leli Ríos Sosa, don Epifanio Ríos Sosa y don Leonardo Flores Aquino, frente al demandado don José Abdón Quezada González, parte ejecutada, por un principal de 22.270,00 euros (4.380,00 euros a favor de don Hernán Ríos Sosa, 3.760,00 euros a favor de don Nereo Esquicio Sosa Grande, 5.035,00 euros a favor de doña Leli Ríos Sosa, 5.235,00 euros a favor de don Epifanio Ríos Sosa y 3.860,00 euros a favor de don Leonardo Flores Aquino), más 1.336,20 euros y 2.227,00 euros de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación. Notifíquese la presente resolución a las partes. Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, ante este Juzgado, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución podrá deducirse oposición en los términos previstos en el artículo 239.4 de la Ley de la Jurisdicción Social, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario del régimen de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad “Banesto”, número 2805/0000/64/0095/13. Así por este su auto lo acuerda, manda y firma la ilustrísima magistrada-juez de lo social doña María Luisa Gil Meana. Que en el procedimiento número 28 de 2012, ejecución número 95 de 2013-JG, de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de don Epifanio Ríos Sosa, don Hernán Ríos Sosa, doña Leli Ríos Sosa, don Leonardo Flores Aquino y don Nereo Esquicio Sosa Grande, frente a don José Abdón Quezada González, sobre ejecución forzosa, se ha dictado por el secretario judicial don David Atienza Marcos el decreto de fecha 9 de mayo de 2013, cuya parte dispositiva es la siguiente: Parte dispositiva: En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo: Requerir a don José Abdón Quezada González a fin de que en el plazo de diez días manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución que asciende a 22.270,00 euros en concepto de principal, más 1.336,20 euros y 2.227,00 euros en concepto provisional de intereses de demora y costas. Deberá manifestar dicha relación con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deberá, asimismo, indicar las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes, y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de este que puedan interesar a la ejecución. Esta obligación incumbirá, cuando se trate de personas jurídicas, a sus administradores o a las personas que legalmente les representen, y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin personalidad a quienes aparezcan como sus organizadores, directores o gestores. En el caso de que los bienes estuvieran gravados con cargas reales deberá manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha. En el caso de bienes inmuebles deberá indicar si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas. Proceder a la investigación judicial del patrimonio del ejecutado. A tal efecto, se consultarán las bases de datos a las que tenga acceso este órgano judicial y se librarán los despachos pertinentes a los organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos del deudor de los que tengan constancia, tras la realización por estos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Se recabará la información precisa, dentro de los límites del derecho a la intimidad personal, para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que se ejecuta de entidades financieras o depositarias o de otras personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de este o pudieran resultar deudoras del mismo. Se acuerda el embargo de las devoluciones tributarias que la Agencia Estatal de Administración Tributaria tenga pendientes de devolver a la parte ejecutada. A tal efecto, realícese la petición de cargo por requerimiento judicial a través de la “Cuenta de consignaciones judiciales”. Se acuerda el embargo de los saldos acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así como de cualquier valor mobiliario titular del apremiado en los que la correspondiente entidad financiera actuara de depositaria o mera intermediaria hasta cubrir el importe del principal adeudado e intereses y costas calculados. A tal fin, se procede a cumplimetar la referida orden de embargo a través del Sistema de Embargos de Cuentas a la Vista proporcionado por el Punto Neutro Judicial. Se acuerda el embargo sobre los créditos que contra la empresa “Viajes Trenamar, Sociedad Anónima”, ostenta el demandado por relaciones comerciales mantenidas con la misma en lo que sea suficiente a cubrir las cantidades por las cuales se ha despachado ejecución. A tal fin, líbrese el correspondiente oficio a la referida empresa al objeto de requerirle, bajo su personal responsabilidad, para que en el plazo máximo de cinco días proceda a dar cumplimiento de lo acordado, transfiriendo a la “Cuenta de consignaciones y depósitos” en este Juzgado las cantidades adeudadas. Y asimismo, adviértase: a) Que el pago que, en su caso, hiciere al demandado no será válido (artículo 1.165 del Código Civil), y que el efectuado en cumplimiento del presente requerimiento le libera de toda responsabilidad frente al acreedor. b) De las responsabilidades penales en que pueden incurrir quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo (artículo 257.1.2 del Código Penal). Hágase saber al ejecutado que conforme al auto que contiene la orden general de ejecución: a) Transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos. b) Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales, si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado en aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la Ley de la Jurisdicción Social. Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del artículo 53.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados y, en su caso, los profesionales designados señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal. Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora por el plazo de quince días para que puedan instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designar los bienes del deudor principal que les consten. La “Cuenta de consignaciones” del órgano judicial a efectos de pago será la número 2805/0000/64/0095/13, abierta en la entidad bancaria “Banesto”, oficina número 1033, sita en la calle Princesa, número 3, primera planta, siendo los veinte dígitos obligatorios en caso de transferencia 0030/1033/40/0000000000, indicando en la casilla “Concepto”, el número 2805000064009513, correspondiente a la cuenta de este Juzgado de lo social. Notifíquese la presente resolución a las partes. Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión en el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros; dicho depósito habrá de realizarse mediante ingreso de su importe en la “Cuenta de depósitos y consignaciones” de este Juzgado en la entidad “Banesto”, número 2805/0000/64/0095/13. Así lo acuerdo y firmo. Doy fe..El secretario judicial, David Atienza Marcos. Se advierte al destinatario de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos, que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente, o se trate de emplazamiento. Y para que sirva de notificación en legal forma a don José Abdón Quezada González, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. En Madrid, a 11 de julio de 2013..El secretario judicial (firmado). (03/25.702/13)
JUZGADO DE LO SOCIAL DE MADRID NÚMERO 32
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid