IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE MURCIA NÚMERO 5

EDICTO

Doña María del Carmen Ortiz Garrido, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 5 de Murcia.

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general número 155 de 2014 de este Juzgado de lo social, seguido a instancias de doña María Dolores Gómez Olivares, don David Martínez Honguero, doña Patricia Camacho Sánchez y doña Antonia Martínez Ríos, contra “BP Oil España, Sociedad Anónima”, “Estación de Servicio Juan Campos, Sociedad Limitada”, don Juan Campos Pérez, doña María Lourdes López Piñera y Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:

Parte dispositiva:

Acuerdo: Admitir a trámite la demanda sin efectuar señalamiento de fecha de juicio hasta tanto se resuelva lo procedente sobre la acumulación de la presente demanda a la demanda anterior, que se sigue con el número 154 de 2014 ante el Juzgado de lo social número 5 de Murcia.

Remítanse las presentes actuaciones al Juzgado de lo social número 5, a fin de que el titular de aquel Juzgado resuelva lo procedente sobre la acumulación de ambos procesos para discutirse en el mismo juicio todas las cuestiones planteadas.

Con la indicación a las partes que, de accederse a la acumulación de ambos procesos, todas las cuestiones planteadas se verán en el mismo juicio convocado en aquellos autos para el día 2 de junio de 2014, a las doce horas.

Respecto a los otrosíes solicitados:

Al otrosí del interrogatorio del legal representante de los demandados, ha lugar a lo solicitado conforme al artículo 90.3 de la Ley de la Jurisdicción Social, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (artículo 87 de la Ley de la Jurisdicción Social). A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que deberá comparecer personalmente o través de persona con poder suficiente y, en caso de personas jurídicas, a través de quien legalmente las represente y tenga facultades para responder a tal interrogatorio, advirtiéndole de que, en caso de no comparecer, podrá imponérsele la multa prevista en el artículo 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que si no comparece sin justa causa a la primera citación, rehusase declarar o persistiese en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.

Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos, deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin, la parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio, justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal.

La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la responsabilidad de este, como administradores, gerentes o directivos, solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar indefensión, el juez o Tribunal acuerde su declaración como testigos.

Al otrosí, se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido representado de abogado o graduado social, a los efectos del artículo 21.2 de la de la Ley de la Jurisdicción Social, y por designado domicilio a efectos de comunicaciones, artículo 53 de la de la Ley de la Jurisdicción Social.

Al otrosí del requerimiento de los docomentos, ha lugar a lo solicitado conforme al artículo 90.2 de la de la Ley de la Jurisdicción Social, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (artículo 87 de la Ley de la Jurisdicción Social). Requiérase a los demandados para que aporten los documentos solicitados en el otrosí digo documental de la demanda, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse por probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba acordada (artículo 94 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Recábese información de situación de “BP Oil España, Sociedad Anónima Unipersonal”, y don Juan Campos Pérez, a través de la Tesorería General de la Seguridad Social y la existencia de posibles administradores a través del Registro Mercantil. “Ad cautelam”, procédase a la citación de los demandados mediante edictos.

En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el actor, ya que este deberá proponerla y, en su caso, el magistrado-juez admitirla en el acto de juicio, artículo 87 de la de la Ley de la Jurisdicción Social.

Notifíquese a las partes con entrega de copia de la presente resolución y de la demanda, sirviendo la misma de cédula de citación en forma para los referidos actos de conciliación y juicio, así como, en su caso, para la prueba de interrogatorio de parte y el requerimiento acordado para aportar documentos.

Se advierte a los destinatarios de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento

Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a “BP Oil España, Sociedad Anónima”, y don Juan Campos Pérez, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Murcia, a 26 de marzo de 2014.—La secretaria judicial.

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