IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL DE MADRID NÚMERO 10

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Doña Ana Belén Requena Navarro, secretaria judicial del Juzgado de lo social número 10 de Madrid.

Que en el procedimiento ejecución número 18 de 2012 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancias de don José Antonio Sierra Rivas, don José Benito Rodríguez Fernández, don Félix Fernández Otero, don Domingo Quiroga Sanguino y don Héctor Fabio Valencia Caicedo, contra la empresa “Decke Proyectos España, Sociedad Limitada”, sobre despido, se ha dictado el siguiente auto despachando ejecución y decreto de embargo, cuya parte dispositiva dice:

Auto

La magistrada-juez, doña María Luisa Segura Rodríguez.—En Madrid, a 4 de abril de 2012.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte ejecutante, don José Antonio Sierra Rivas, don José Benito Rodríguez Fernández, don Félix Fernández Otero, don Domingo Quiroga Sanguino y don Héctor Fabio Valencia Caicedo, frente a “Decke Proyectos España, Sociedad Limitada” y su administrador único parte ejecutada, por la cantidad de 99.678,27 euros de principal, más la de 9.967,82 y 5.980,69 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículo 23 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), haciéndoles saber que frente a esta resolución cabe recurso de reposición, en el plazo de tres días, y en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera incurrido la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que, hubieren acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución (artículo 239.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social) y sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 186.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo.—La magistrada-juez.

Decreto

La secretaria judicial, doña Ana Belén Requena Navarro.—En Madrid, a 9 de abril de 2012.

Parte dispositiva:

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:

Requerir a la parte ejecutada doña Pilar Lorente Sorolla de Miguel a fin de que en el plazo de diez días manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionada, cuando menos, por desobediencia grave en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, pudiéndosele imponer también multas coercitivas periódicas.

Trabar embargo sobre los siguientes bienes de la ejecutada:

— Los ingresos que se produzcan, así como los saldos acreedores existentes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, que la ejecutada tenga en las diferentes entidades bancarias, a través del PNJ.

— Los reintegros pendientes de abono que la ejecutada en este procedimiento tuviera a su favor en la AEAT por devoluciones de IVA, IRPF o cualquier otro impuesto hasta cubrir el importe total del principal adeudado más intereses y costas calculadas.

Y para su efectividad líbrese la oportuna comunicación de forma telemática a través de los servicios de que dispone este Juzgado, y los correspondientes oficios a las entidades bancarias.

Y adviértase:

a) Que el pago que en su caso hiciera a la demanda no será válido (artículo 1.165 del Código Civil) y que, asimismo, la transferencia ordenada le libera de toda responsabilidad frente al acreedor.

b) De las responsabilidades penales en que puedan incurrir quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia del embargo (artículo 257.1.2 del Código Penal).

Indíquese que este requerimiento debe contestarse en el plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados en lo establecido en los artículos 75, 3, 4 y 240 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Previamente a dar traslado al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que insten lo que a su derecho convenga en orden a la continuación de la ejecutoria respecto a “Decke Proyectos España, Sociedad Limitada”, designando bienes concretos de la misma sobre los que despachar ejecución, procédase a la averiguación de bienes de doña Pilar Lorente Sorolla de Miguel, quién también ha sido condenada en sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.

Modo de impugnación: contra la misma podrán interponer recurso de reposición en el plazo de tres días hábiles a contar desde el siguiente al de su notificación. Advirtiéndose a las partes de que conforme al artículo 245 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social las resoluciones dictadas en ejecución se llevarán a efecto no obstante su impugnación.

Así, lo acuerdo, mando y firmo, doña Ana Belén Requena Navarro.

Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a “Decke Proyectos España, Sociedad Limitada” en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En Madrid, a 9 de abril de 2012.—La secretaria judicial (firmado).

(03/14.303/12)