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Consejería de Sanidad

Intentada por dos veces la notificación en el domicilio de su destinatario, mediante carta certificada acompañada de aviso de recibo, de la Orden 812/2009, de 17 de noviembre, del Consejero de Sanidad, por la que se resuelve la reclamación de responsabilidad patrimonial número 31/09, formulada por doña Aida Dolores Fajardo Jiménez, no ha sido posible su práctica por causas no imputables a la Administración.

Por ello, y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, así como su inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente.

De conformidad con el artículo 61 del mismo texto legal, en evitación de cualquier posible lesión que de la publicación íntegra de la citada Orden pudiera derivarse para los derechos e intereses legítimos del interesado, se significa que el texto íntegro del acto que se notifica se encuentra a su disposición, previa acreditación de su identidad o de la representación conferida mediante cualquier medio válido de los admitidos por nuestro ordenamiento jurídico, durante el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, en las dependencias de la Sección de Responsabilidad Patrimonial de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad, sita en la calle Aduana, número 29, primera planta, en el horario comprendido entre las nueve y las catorce horas, de lunes a viernes.

La Orden objeto de la presente notificación pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el Consejero de Sanidad, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso­Administrativo competente si la cuantía no excede de 30.050 euros, o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en caso contrario, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados a partir del día siguiente al de su comparecencia o, en su caso, una vez finalizado el plazo señalado al efecto sin que se haya producido la misma, a tenor de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

En Madrid, a 12 de enero de 2010.—La Secretaria General Técnica, Beatriz Viana Miguel.

(03/2.436/10)